Redacción: Al Punto y Al Fondo

Lo que durante más de 40 días fue presentado como uno de los mayores escándalos de narcotráfico vinculados a exportaciones bolivianas ha ingresado en una nueva etapa. La liberación de los cargamentos de madera retenidos en las fronteras con Chile y Brasil reabrió el debate sobre la solidez de las denuncias que, desde el pasado 8 de junio, colocaron a Bolivia bajo sospecha internacional y desencadenaron una fuerte ofensiva política contra el gobierno del presidente Rodrigo Paz.

El caso nació cuando el fiscal regional de Arica, Mario Carrera, informó sobre la incautación de 108 toneladas de cocaína, clorhidrato y ketamina, además de más de 103 mil kilos de sustancias controladas presuntamente ocultas en cargamentos de madera destinados a puertos chilenos con destino final a Europa y Estados Unidos. La magnitud de la denuncia provocó repercusiones inmediatas dentro y fuera del país.

En Bolivia, el episodio fue rápidamente incorporado al debate político. Sectores de oposición utilizaron el caso para reforzar las acusaciones contra el Ejecutivo, mientras el expresidente Evo Morales volvió a sostener que el país se encontraba frente a la consolidación de un supuesto "narcoestado". El tema ocupó durante semanas la agenda mediática y política. 
El gobierno de Rodrigo Paz aguantó estoicamente la arremetida política ante el prudente silencio del Ministerio de Gobierno que muchos interpretaban a inoperancia, es más, hasta le atribuían complicidad. No pasará muchos días en que alzará las banderas de la inocencia y la transparencia ante la andanada de agravios políticos que aumentó el desgaste y la credibilidad ante la ciudadanía.
Mientras las acusaciones crecían, la investigación avanzaba con escasa información pública. Empresarios del sector forestal y autoridades bolivianas afirmaron que solicitaron en reiteradas oportunidades acceso a los antecedentes del caso, sin obtener mayores elementos que permitieran conocer las pruebas que sustentaban las denuncias formuladas por la Fiscalía chilena.

El escenario comenzó a cambiar este jueves. Los camiones con madera de exportación, retenidos durante más de cuarenta días, fueron liberados después de que las inspecciones no encontraran sustancias controladas impregnadas en la materia prima, según informaron representantes del sector exportador.

El anuncio fue realizado por el presidente de la Cámara Forestal de Bolivia (CFB), Pedro Colanzi, junto a representantes de la Caneb y Cadex, quienes sostuvieron que las empresas señaladas inicialmente no tuvieron participación en actividades vinculadas al narcotráfico.

«Fue un show mediático del fiscal de Chile. El tiempo, las pruebas y las investigaciones demostraron que ninguna de las empresas que acusó estaba vinculada al tráfico de estupefacientes», afirmó Colanzi.

Para el sector forestal, la liberación de la carga no cierra el caso. Por el contrario, consideran que deja abiertas interrogantes sobre el manejo inicial de la investigación y el impacto que tuvieron las denuncias en la imagen internacional de las exportaciones bolivianas.

Los exportadores sostienen que el daño económico y reputacional ya fue ocasionado y, por ello, solicitaron a la Fiscalía General del Estado, al Ministerio de Gobierno y a la Cancillería gestionar acciones destinadas a restituir la credibilidad del sector y evaluar mecanismos de resarcimiento en caso de confirmarse que las empresas observadas no tenían responsabilidad alguna.

«Una vez se demuestre que las empresas no tienen responsabilidad en el tráfico de drogas, debe iniciarse un proceso para resarcir el daño causado a la imagen del sector forestal exportador boliviano», demandó el presidente de Cadex.

Un caso que aún deja preguntas

El 8 de junio, la Fiscalía, la Armada y el Servicio Nacional de Aduanas de Chile anunciaron la incautación de más de cien toneladas de droga y señalaron a 23 empresas bolivianas como parte de las investigaciones. Esa denuncia desencadenó una ola de repercusiones políticas, diplomáticas y comerciales que afectó al sector exportador.

Hoy, con la liberación de los cargamentos y sin hallazgos de droga en la madera retenida, el caso entra en una nueva fase. La investigación chilena continúa abierta, pero el giro de los acontecimientos instala un debate inevitable: ¿se trató realmente del caso de las «narco-maderas» o de una denuncia que terminó sobredimensionándose? Mientras no exista un pronunciamiento definitivo de las autoridades chilenas, la discusión permanece abierta, aunque para algunos esto se parece a una «narco-mentira» del fiscal chileno que a un caso probado.