El Viceministerio de Transparencia presentó una denuncia penal contra exejecutivos del Banco Central de Bolivia (BCB) por un presunto daño económico superior a Bs 4,5 millones, relacionado con la adquisición de un millón de billetes conmemorativos del Bicentenario.

La denuncia se basa en una auditoría especial que estableció que menos del 4% de los billetes fue comercializado y observó la ausencia de estudios técnicos, legales y de mercado antes de autorizar la operación.

Según informó el viceministro de Transparencia, Yamil García, el 18 de abril de 2024, durante el Gobierno de Luis Arce, el BCB autorizó la adquisición de un millón de billetes conmemorativos por Bs 4.589.000, con la finalidad de comercializarlos y generar ingresos para el Estado.

Sin embargo, la venta estuvo muy por debajo de las previsiones. Actualmente se comercializan unas 270 piezas por mes, por lo que, según la estimación presentada por Transparencia, se requerirían alrededor de 270 años para vender el millón de unidades.

El informe también cuestionó que antes de comprometer los recursos públicos no se contara con estudios técnicos, legales y de mercado que demostraran la viabilidad de la operación.

Además, se observó que en 2024 no existía una normativa específica que autorizara la impresión de billetes sin valor legal bajo esas características.

La denuncia fue presentada ante el Ministerio Público por los presuntos delitos de conducta antieconómica y contrato lesivo al Estado, además de otros posibles ilícitos que deberán ser investigados.

Entre los exejecutivos señalados figuran Roger Edwin Rojas, entonces presidente interino del BCB; los exdirectores Oscar Ferrufino, Gabriel Herbas, Gumercindo Pino y Diego Pérez; además del exgerente de Tesorería, Sergio Callisaya, y la exsubgerente de Análisis y Programación del Material Monetario, Grisha Dalenka Fushimoto.

García aclaró que será el Ministerio Público el que determine el grado de responsabilidad de cada investigado.

Asimismo, anunció que se solicitará la anotación de bienes de los denunciados para garantizar una eventual recuperación de los recursos públicos, si la investigación y la justicia establecen responsabilidad y daño económico.