A tres días de que concluya el primer Estado de Excepción y apenas 23 horas después de entrar en vigencia el decreto que amplía por otros 90 días la medida excepcional, el magisterio urbano de Bolivia salió a las calles con una movilización nacional, dejando en evidencia la debilidad y la escasa capacidad coercitiva de la medida.

La marcha de los maestros, realizada pese a la vigencia del Decreto Supremo 5636, de 20 de junio de 2026, convirtió en los hechos al Estado de Excepción “en papel mojado”, al demostrar que su vigencia no impidió ni frenó la protesta social.

En La Paz, los maestros recorrieron el centro de la ciudad en una denominada “marcha de cacerolazo”, en rechazo a la situación económica y a las medidas adoptadas por el Gobierno, que los movilizados atribuyen, entre otros factores, a compromisos con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Durante la protesta se escucharon consignas contra el Gobierno y llamados a la Policía Boliviana a sumarse a las movilizaciones. Entre ellas se escuchó: “El pueblo está en las calles por culpa del Gobierno” y “A la Policía le quedan dos caminos: unirse a su pueblo o ser sus asesinos”.

La movilización también evidenció la presencia de efectivos policiales en las inmediaciones de los manifestantes. Sin embargo, los maestros continuaron su recorrido y desarrollaron sus actos de protesta sin que el despliegue policial impidiera la marcha.

El episodio termina dando argumentos a quienes cuestionaron desde el inicio la eficacia real del Estado de Excepción. El expresidente Jorge Tuto Quiroga había advertido que el Decreto Supremo 5636 podía convertirse en un “adorno” si el propio Gobierno no estaba dispuesto o no tenía capacidad para hacerlo cumplir frente a las medidas de presión social.

Quiroga había cuestionado particularmente la respuesta gubernamental frente a los bloqueos registrados en el oriente del país, donde —según su interpretación— el Ejecutivo optó por negociar antes que imponer la autoridad derivada de la medida excepcional.

Ahora, el magisterio urbano ofrece una nueva imagen que alimenta esa crítica: mientras el Gobierno pretende extender el Estado de Excepción por otros 90 días, uno de los sectores sindicales más numerosos del país salió a las calles, marchó y realizó mítines bajo la vigencia de la medida.

La movilización ocurre, además, en la antesala del debate en la Asamblea Legislativa Plurinacional, convocada para este miércoles para considerar el Decreto Supremo 5707, mediante el cual el Ejecutivo pretende ampliar la medida excepcional.

La Asamblea deberá pronunciarse sobre la ampliación, que requiere la aprobación de dos tercios de los miembros presentes. En ese escenario, la marcha de los maestros introduce una pregunta política de fondo: ¿qué fuerza real conserva un Estado de Excepción que, mientras el Gobierno busca prolongarlo, no logra evitar que sectores sociales movilizados ocupen las calles?

Más que una discusión jurídica sobre la vigencia del decreto, la protesta del magisterio pone sobre la mesa su eficacia práctica. Y, por ahora, la imagen resulta difícil de ignorar: el Estado de Excepción sigue vigente, pero las calles también.