ANÁLISIS: AL PUNTO Y AL FONDO

Una sociedad comienza a perder la confianza en la justicia cuando las investigaciones contra personas vinculadas con corrupción, enriquecimiento ilícito, daño económico al Estado o crimen organizado parecen avanzar con fuerza al principio y luego pierden impulso. El problema no está solamente en la decisión de un juez. También está en la capacidad del Ministerio Público para sostener una investigación, presentar pruebas sólidas y llevar los casos hasta una acusación que permita una sanción, si corresponde.

El patrón que preocupa es conocido: anuncios de investigaciones, imputaciones y detenciones preventivas que generan expectativa pública, pero que después enfrentan retrasos, observaciones o vencimiento de plazos. Cuando esto ocurre, la defensa recurre a la cesación de la detención preventiva y los tribunales pueden sustituirla por medidas menos gravosas.

El caso de Marcelo Arce Mosqueira es reciente. Tras seis meses en Palmasola, obtuvo detención domiciliaria y una fianza de Bs 200.000 dentro de una investigación por legitimación de ganancias ilícitas. La Fiscalía apeló la decisión y sostiene que la medida no garantiza adecuadamente su presencia mientras continúa la investigación.

Algo similar ocurrió con Juan José Zúñiga, principal acusado por la asonada militar de junio de 2024. Después de permanecer más de dos años con detención preventiva, un tribunal dispuso su detención domiciliaria, arraigo, registro biométrico y una fianza de Bs 200.000. La Fiscalía también apeló esa determinación.

Estos casos muestran que la llamada “puerta giratoria” no puede explicarse únicamente por las decisiones judiciales. También obliga a preguntar qué tan eficaces son las investigaciones fiscales, por qué algunos procesos llegan al límite de sus plazos y qué ocurre con las pruebas que deberían sostener una acusación.

LOS MARSET, PASEANDO

El dato que más llama la atención fue difundido por DTV: personas vinculadas al entorno de Sebastián Marset, entre ellas Tatiana Marset y Rony Suárez, fueron vistas en un remate realizado en la cabaña Mucarzel. Tatiana Marset cumple detención domiciliaria, por lo que corresponde esclarecer si contaba con autorización judicial para abandonar su domicilio, bajo qué condiciones y quién verificó el cumplimiento de esa medida.

Las preguntas son elementales: ¿existió un permiso? ¿Qué autoridad lo concedió? ¿Se verificó su cumplimiento? ¿Qué avances registra la investigación contra Rony Suárez? Hasta ahora, corresponde a las autoridades explicar públicamente estos extremos.

Porque cuando una investigación se paraliza, los plazos vencen y los acusados pasan de la cárcel a su domicilio, el mensaje que recibe la sociedad puede ser devastador: que la justicia tiene una puerta de entrada espectacular, pero también una puerta de salida demasiado fácil.

Y allí aparece el problema sociocultural más profundo. Si el ciudadano percibe que quien tiene recursos, influencia o abogados puede obtener beneficios que otros no consiguen, se rompe la confianza en la igualdad ante la ley. Miles de personas permanecen en prisión preventiva sin recursos para afrontar fianzas o defensas especializadas, mientras algunos procesados consiguen medidas sustitutivas en casos de alto impacto.

La respuesta no puede ser pedir cárcel para todos. Debe ser exigir investigaciones eficaces, fiscales que impulsen sus casos hasta el final, jueces que fundamenten sus decisiones y mecanismos transparentes de control sobre el cumplimiento de las medidas cautelares.

La justicia no se mide por cuántas personas entran a una cárcel, sino por cuántos procesos llegan a una decisión fundada. Cuando la investigación se debilita antes de llegar a ese punto, la puerta giratoria deja de ser una percepción y se convierte en una señal de alarma institucional.