El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, quedó en el centro del que podría convertirse en uno de los mayores escándalos internacionales que involucra a una autoridad boliviana en funciones. Estados Unidos le restringió el ingreso a su territorio y lo acusó públicamente de haber abusado de su cargo para solicitar y aceptar sobornos destinados a facilitar el narcotráfico y ayudar a criminales violentos a evadir la justicia. La medida también alcanza a sus familiares directos.

El Departamento de Estado incluyó a Mariaca en una nueva política de restricciones de visas contra extranjeros que, según Washington, socavan gobiernos democráticamente elegidos mediante actos de corrupción o actividades vinculadas al narcotráfico. La decisión fue adoptada bajo la Sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad y forma parte de los compromisos asumidos en el marco del denominado Escudo de las Américas.

La acusación estadounidense es particularmente grave porque señala directamente al máximo representante del Ministerio Público boliviano de favorecer actividades del narcotráfico y de permitir que delincuentes violentos evadan la justicia. Según Washington, sus acciones ponen en peligro los esfuerzos de la administración de Donald Trump contra el narcoterrorismo y socavan las instituciones democráticas que Bolivia, como integrante del Escudo de las Américas, busca fortalecer.

La medida contra Mariaca forma parte de una acción regional que alcanzó a 27 funcionarios, exfuncionarios y familiares de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. En el caso boliviano, además de Mariaca, fueron alcanzados fiscales, jueces, magistrados y otras exautoridades.

El mensaje de Washington es contundente: bajo la administración Trump, los funcionarios extranjeros señalados por corrupción vinculada al narcotráfico ya no tendrán vía libre para ingresar a Estados Unidos. Para Mariaca, la decisión representa un golpe internacional sin precedentes a su gestión y coloca a la Fiscalía General de Bolivia bajo severo cuestionamiento por parte de uno de los principales aliados internacionales en la lucha contra el narcotráfico.

Bolivia:

El reporte del Departamento de Estado indica que la Administración Trump tomó medidas para imponer restricciones de visado a doce nacionales bolivianos y sus familias. El Departamento revocó visados existentes para las siguientes personas y sus familias:

• Martin Daniel IRUSTA FLORES, Fiscal Principal
• Albania Chane CABALLERO SAAVEDRA, primera jueza investigadora de la lucha contra la corrupción y la violencia contra la mujer en el Departamento de Santa Cruz, Bolivia
• Alberto ZEBALLOS FLORES, Fiscal Jefe de Santa Cruz
• Rosario Ximena FLORES PANIAGUA, Jueza de Instrucción Criminal en el Departamento de Santa Cruz
• Ivan Manolo LIMA MAGNE, exministro de Justicia y Transparencia Institucional
• Álvaro Mauricio NAVA MORALES CARRASCO, Actual Fiscal Principal y ex Fiscal Departamental de Chuquisaca, Bolivia
• Israel Ramiro CAMPERO MENDEZ, Magistrado Constitucional
• Alberto Samuel SOTO DE LA VIA, Ex Presidente Ejecutivo de las Aduanas Nacionales
• Iván Ramiro CAMPERO VILLALBA, ex magistrado suplente del Tribunal Supremo
• Rodrigo Aldo VEDIA ESPINOZA, juez del Primer Tribunal de Instrucción Penal de La Guardia
• Frans William CABRERA QUISPE, coronel, Policía Boliviana
• José Luis IRIARTE CUSSI, Empresario privado

Nueve nacionales bolivianos adicionales que actualmente no poseen visados, y sus familias, quedaron generalmente inelegibles para recibirlos.

El Departamento de Estado también está designando públicamente al Fiscal General de Bolivia, Roger Mariaca, por su implicación en corrupción significativa. Esta acción hace que Mariaca y sus familiares directos sean generalmente inelegibles para entrar en Estados Unidos.

Mariaca, elegida en 2024 para un mandato de seis años como fiscal general durante el mandato del presidente de extrema izquierda Luis Arce, y anteriormente fiscal general de Santa Cruz, abusó de sus posiciones públicas solicitando y aceptando sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudó a criminales violentos a evadir la justicia.

Sus acciones ponen en peligro los esfuerzos del presidente Trump para combatir el narcoterrorismo mientras socavan las mismas instituciones democráticas que Bolivia, como participante de Shield, está trabajando para fortalecer. El mensaje del presidente Trump y el secretario Rubio es sencillo: los funcionarios corruptos —y los criminales a los que protegen— no son bienvenidos en Estados Unidos.

Esta designación pública se realiza conforme a la Sección 7031(c) de la Ley de Asignaciones de Seguridad Nacional del Departamento de Estado y Programas Relacionados, 2026 (Div. F, P.L. 119-75) («Sección 7031(c)»). La sección 7031(c) exige que el Secretario de Estado designe pública o privadamente a funcionarios extranjeros y a sus familiares directos sobre quienes tenga información creíble sobre la implicación en corrupción significativa o una grave violación de los derechos humanos.