La Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (DIRCABI) negó que se hayan identificado irregularidades en el manejo de los bienes incautados al narcotraficante Sebastián Marset que fueron recibidos formalmente y registrados durante la actual gestión.

El director ejecutivo de la institución, Héctor Montes, aclaró que DIRCABI tiene responsabilidades estrictamente administrativas y que su obligación de custodia comienza únicamente cuando los bienes son entregados formalmente, conforme a los procedimientos legales. Por ello, deslindó a la entidad de cualquier responsabilidad sobre vehículos u otros activos que no ingresaron bajo su administración.

En el caso Marset, Montes informó que existen 38 vehículos registrados, correspondientes a los operativos de 2023 y 2026. De ese total, 16 fueron incorporados durante la actual gestión. Nueve motorizados fueron entregados legalmente a organismos de inteligencia y unidades especializadas en la lucha contra el narcotráfico, mientras que otros tres vehículos de alta gama permanecen bajo custodia institucional y serán sometidos a valoración técnica para su posterior subasta pública.

Respecto a las observaciones sobre el uso de vehículos vinculados al narcotraficante, el director señaló que varios cuestionamientos corresponden a bienes incautados durante el operativo de 2023. Como ejemplo, mencionó un BMW blanco hallado en un garaje particular de Santa Cruz, con una placa que llevaba las iniciales «MP», que nunca fue entregado formalmente a DIRCABI.

Montes insistió en que la institución no participa en los operativos de secuestro ni puede disponer de bienes que no hayan sido incorporados legalmente a sus registros.

Finalmente, informó que, por instrucciones del ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, se reforzaron los controles de registro, custodia y fiscalización. También se ejecuta un proceso de saneamiento de activos heredados de anteriores administraciones, algunos de ellos sin documentación completa o expuestos al deterioro.

La autoridad sostuvo que el objetivo es transparentar la administración de los bienes incautados y garantizar que estos puedan ser aprovechados en beneficio del Estado y de la lucha contra el narcotráfico.