Del poder al infierno. Julio César Porras, el exfiscal antinarcóticos que durante la gestión de Roger Mariaca hablaba fuerte y ejercía autoridad sobre sus investigados, terminó aprehendido en Santa Cruz por el escándalo de las 32 maletas que ingresaron al país en un vuelo chárter procedente de Estados Unidos.
La Fiscalía de Sustancias Controladas ejecutó su aprehensión después de recibir su declaración ampliatoria. Ahora enfrenta una investigación por los presuntos delitos de tráfico de sustancias controladas, asociación delictuosa y confabulación, y podría ser puesto ante un juez cautelar que defina su situación jurídica. Porras atribuyó las acusaciones a una supuesta venganza personal.
El giro es contundente. Quien antes coordinaba investigaciones contra el narcotráfico y participaba en operativos de alto perfil hoy es investigado por sus propios colegas. Su situación se suma a los allanamientos realizados a inicios de noviembre en una propiedad vinculada a él, dentro de otra investigación por presunta legitimación de ganancias ilícitas.
Durante meses, el caso de las maletas se convirtió en munición política contra el recién instalado gobierno de Rodrigo Paz. Desde sectores opositores, sindicales y otros operadores se alimentó el discurso de que la administración no duraría ni tres meses. Los ataques apuntaron especialmente al ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, bajo acusaciones de incapacidad y complicidad.
Pero diez meses después, el escenario comenzó a cambiar. Primero llegaron las declaraciones de Laura Rojas; luego, las revelaciones de Hebert Zeballos, que comprometieron públicamente a la dupla Roger Mariaca-Rómer Saucedo. Este miércoles, el expresidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, Aldo Quezada, aseguró que Saucedo le confesó durante una cena en México que las maletas eran suyas.
Ahora, la aprehensión de Porras añade otro capítulo a un escándalo que sacude a las antiguas estructuras fiscales y judiciales. El hombre que alguna vez tuvo el poder de investigar y perseguir hoy debe responder ante la justicia. La investigación tendrá que establecer quiénes estuvieron detrás del ingreso de las maletas y si existió una operación para encubrir responsabilidades.