Roger Mariaca llegó a la Fiscalía General del Estado en la gestión de Luis Arce con un respaldo político que superó los dos tercios de la Asamblea Legislativa. Desde ese momento, construyó una imagen de poder que parecía colocarlo en una posición privilegiada dentro del sistema de justicia boliviano.

Durante los últimos años, Mariaca llegó incluso a protagonizar decisiones que generaron fuerte controversia política, como la posibilidad de determinar si correspondía o no convocar a declarar a la primera dama de la Nación dentro del denominado caso Cerimedo.

Era, en los hechos, una autoridad que parecía tener la última palabra sobre quién debía ser convocado por la Fiscalía y quién podía quedar al margen de determinadas investigaciones.

Pero ese escenario cambió radicalmente.

Hoy, el fiscal general enfrenta el momento más delicado de su carrera. Su nombre aparece entre los ciudadanos bolivianos a quienes Estados Unidos impuso restricciones de ingreso bajo acusaciones relacionadas con abuso de cargos, sobornos y presuntos favorecimientos vinculados al narcotráfico.

Las acusaciones no constituyen por sí mismas una sentencia judicial. Sin embargo, tienen un enorme impacto político e institucional porque golpean directamente la credibilidad de quien encabeza el Ministerio Público y tiene entre sus principales responsabilidades combatir precisamente el crimen organizado y la corrupción.

Y ahora aparece una posibilidad todavía más grave: una eventual investigación en Estados Unidos que, dependiendo de sus resultados y de las decisiones de las autoridades de ese país, podría derivar incluso en una solicitud de extradición.

El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, fue explícito al referirse a esa posibilidad.

“Sí, esto podría derivar en una investigación, un avance judicial en caso de Estados Unidos, en una solicitud probablemente de extradición”.

Justiniano aclaró que ese eventual procedimiento correspondería a las autoridades estadounidenses y no al Gobierno boliviano.

La administración de Rodrigo Paz, entretanto, comenzó a gestionar mediante la Cancillería información oficial que permita conocer cuáles son los elementos que sustentan las acusaciones estadounidenses.

Este punto es clave.

El Gobierno todavía no está presentando esas acusaciones como pruebas concluyentes. Está buscando conocer oficialmente qué información tiene Estados Unidos y sobre qué antecedentes tomó una decisión que afecta a 12 ciudadanos bolivianos, entre ellos Mariaca, el fiscal superior Martín Irusta y el exministro de Justicia Iván Lima.

Por ahora, la eventual extradición es solamente una posibilidad planteada por el ministro de Defensa. Para que deje de ser una hipótesis tendría que existir una investigación formal de las autoridades estadounidenses, elementos probatorios suficientes y, eventualmente, una solicitud conforme a los procedimientos legales correspondientes.

Pero el dato político es innegable: el prestigio institucional de Roger Mariaca está hoy sometido a su mayor prueba desde que asumió la Fiscalía General del Estado.

El fiscal que parecía tener el poder para decidir quién era convocado a declarar ahora enfrenta la posibilidad de que sean otras autoridades —incluso fuera de Bolivia— las que determinen el futuro de su propia situación jurídica.