El Gobierno de Rodrigo Paz anunció que solicitará a Estados Unidos las pruebas y documentación que sustentan los graves señalamientos contra el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, para remitirlos a las instituciones bolivianas y activar las investigaciones que correspondan.

El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, calificó de “muy graves” las acusaciones de Washington y afirmó que deben ser esclarecidas con evidencia, cooperación internacional y respeto al debido proceso.

El Ejecutivo, a través del ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, anticipó además que la Asamblea Legislativa y los órganos del Estado coadyuvarán en las investigaciones.

La eventual suspensión o destitución de Mariaca, sin embargo, no depende de una decisión directa del Gobierno. Al tratarse del Fiscal General, el procedimiento está sujeto al régimen de responsabilidades de las altas autoridades del Estado. La Ley 044 establece mecanismos de intervención de la Asamblea Legislativa y del Tribunal Supremo de Justicia, mientras que la normativa prevé una ruta específica para la autoridad del Ministerio Público.

En ese escenario, la estrategia del Gobierno apunta primero a obtener de Washington los elementos que respalden las acusaciones, remitirlos a la Asamblea y dejar que las instancias competentes determinen si existen responsabilidades y qué medidas corresponden. La Asamblea, además, tiene entre sus atribuciones constitucionales intervenir en los procesos de altas autoridades conforme al procedimiento establecido por ley.