Redacción: Al Punto y Al Fondo

El excomandante general de la Policía Boliviana y exviceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, considerado por años el operador clave de inteligencia y el «investigador estrella» de los casos de mayor impacto político en las eras de Evo Morales y Luis Arce Catacora, se enfrenta ahora a su propio laberinto legal. El Ministerio Público lo pondrá bajo la lupa judicial por uno de los delitos más severamente castigados y condenados a nivel internacional: tortura sistemática.

La activación de este proceso penal responde a una instrucción formal del Tribunal Sexto de Sentencia de La Paz, que ordenó a la Fiscalía General iniciar una investigación penal contra la exautoridad. La determinación judicial surge tras salir a la luz denuncias sobre presuntos apremios ilegales, aislamiento forzado y severas presiones psicológicas ejercidas contra los jefes militares procesados por la asonada militar del 26 de junio de 2024.

En el centro de la acusación penal se encuentran los testimonios presentados por el equipo legal del excomandante de la Policía Militar, el coronel Raúl Barbery Muiba. Sus defensores técnicos, los abogados Roger Valverde y Martha Requena, afirmaron de manera contundente que su cliente fue víctima directa de torturas físicas y psicológicas en celdas policiales. De acuerdo con el patrocinio del uniformado, Aguilera no solo coordinó el aparato de represión, sino que participó de forma directa y presencial en los interrogatorios, coaccionando a los investigados para obligarlos a autoincriminarse y suscribir confesiones prefabricadas.

Tras el despliegue de tanques en la plaza Murillo en junio de 2024, Aguilera tomó el control personal de los operativos de captura y los interrogatorios exprés. Dos años después, en este 2026, la verdad jurídica de aquellas detenciones da un vuelco radical: el Ministerio Público deberá evaluar si las pruebas e historias oficiales que sostienen el caso fueron obtenidas bajo el uso de la fuerza.

LAS HUELLAS DE AGUILERA

La carrera de Aguilera está íntimamente ligada a la resolución —y para la oposición, a la «fabricación»— de verdades históricas en los casos más complejos de Bolivia.

1. Denuncias de tortura por el «26 de junio de 2024»

Tras la asonada militar del 26 de junio de 2024 —liderada por el excomandante del Ejército Juan José Zúñiga—, decenas de militares y civiles fueron procesados bajo acusaciones de alzamiento armado.

• La denuncia actual: En julio de 2026, un Tribunal Departamental de Justicia de La Paz ordenó de manera formal a la Fiscalía iniciar una investigación penal contra Jhonny Aguilera. Las denuncias apuntan a que, en su rol de Viceministro de Régimen Interior, ejerció presiones psicológicas, aislamiento indebido y presuntas torturas físicas contra los militares detenidos.
• El objetivo político: Los abogados de los militares procesados argumentan que el aparato de seguridad liderado por Aguilera coaccionó a los detenidos para arrancarles confesiones prefabricadas. El fin habría sido sostener jurídicamente la narrativa oficial de un «golpe de Estado fallido», silenciando las versiones de los uniformados que afirmaban haber sido víctimas de un engaño o de un «autogolpe» coordinado desde el poder político.

2. Los casos emblemáticos en la trayectoria de Jhonny Aguilera

a). El Caso «Hotel Las Américas» o Terrorismo (2009)

• Su rol: Como capitán y pieza clave de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), Aguilera fue uno de los principales investigadores del operativo en el Hotel Las Américas de Santa Cruz, donde se acribilló a miembros de un presunto grupo separatista liderado por Eduardo Rózsa.
• La controversia: El caso fue catalogado posteriormente por organismos internacionales como una ejecución extrajudicial. Aguilera fue acusado por los procesados de implantar pruebas, alterar la escena del crimen y coordinar con el Ministerio de Gobierno de Evo Morales la persecución judicial a la dirigencia cívica cruceña.

b). El Asalto a Eurocronos (2017)

• Su rol: Siendo Director de la FELCC de Santa Cruz, lideró el operativo policial para frustrar el atraco a la joyería Eurocronos, el cual terminó en un violentísimo tiroteo masivo.
• La controversia: Investigaciones independientes y peritajes demostraron que una de las rehenes (la gerente Ana Lorena Tórrez) murió por un impacto de bala proveniente del lado de la Policía. Aguilera defendió fervientemente el actuar policial, pero la opinión pública lo criticó duramente por la falta de protocolos de negociación y el uso desmedido de la fuerza.

c). El Caso «Golpe de Estado» I y II (2020 – 2022)

• Su rol: Al asumir el gobierno de Luis Arce en 2020, Aguilera fue nombrado Comandante General de la Policía. Dirigió operativamente las aprehensiones de la expresidenta Jeanine Áñez, de exministros y de altos mandos militares.
• La controversia: Se le acusó de instrumentalizar a la Policía con fines de persecución política. Bajo su comandancia, se aceleraron procesos exprés que privaron de libertad a opositores bajo tipos penales ambiguos como «terrorismo».

d). El triple asesinato de Porongo y la salida del Comando (2022)

• Su rol: En junio de 2022, dos policías y un voluntario del GACIP fueron ejecutados en Porongo (Santa Cruz) por personas vinculadas al narcotraficante Misael Nallar (yerno del capo Einar Lima Lobo).
• La controversia: La investigación evidenció una profunda infiltración del narcotráfico en la Policía cruceña, incluyendo protección a Nallar. Las fuertes críticas por la inacción de la cúpula policial obligaron al presidente Luis Arce a destituir a Aguilera de la Comandancia General en julio de 2022. Pese a ello, debido a su peso político y manejo de información, Arce lo «premió» poco después nombrándolo Viceministro de Régimen Interior.

e). El Caso Sebastián Marset (2023)

• Su rol: Ya como Viceministro, estuvo al frente de la fallida e internacionalmente cuestionada búsqueda del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, quien escapó de un megaoperativo en Santa Cruz.
• La controversia: Marset, mediante videos difundidos desde la clandestinidad, se burló abiertamente de las autoridades bolivianas y sugirió que altos mandos del Ministerio de Gobierno y de la Policía recibieron dinero a cambio de alertarle sobre su captura.

f). Detención de Jeanine Añez

• En la madrugada del 13 de marzo de 2021, Aguilera —en su condición de Comandante General de la Policía Boliviana— lideró en Trinidad (Beni) el despliegue policial y de inteligencia que ejecutó la orden de aprehensión contra la expresidenta Jeanine Áñez por el caso denominado «Golpe de Estado I».
• Áñez fue hallada escondida dentro de un somier (la base de una cama) en un domicilio particular. Tras su captura, el propio Aguilera coordinó su inmediato traslado por vía aérea hacia la ciudad de La Paz, presentándola formalmente ante los medios de comunicación y poniéndola a disposición del Ministerio Público

3. ¿Qué denuncias estructurales pesan sobre él?

Desde una óptica analítica y periodística, el nombre de Jhonny Aguilera condensa tres tipos de denuncias recurrentes por parte de la oposición, defensores de derechos humanos y disidentes de su propia institución:

• Montaje de Escenarios y Falsos Positivos: Se le cuestiona ser un especialista en «armar casos» donde la narrativa política del Gobierno se impone mediante la manipulación de pruebas o declaraciones forzadas bajo reclusión.
• Uso de la Tortura y Extorsión Institucional: La reciente orden judicial de 2026 por el caso de la asonada militar no es aislada. Históricamente, procesados de distintas facciones políticas han denunciado que el entorno de inteligencia de Aguilera utiliza el aislamiento físico y la presión psicológica sistemática como métodos de obtención de información.
• Encubrimiento y Permisividad con el Narcotráfico: Su paso por los mandos altos coincidió con escándalos de protección policial a redes criminales internacionales (como los casos Dávila, Nallar y Marset). Si bien no se le ha probado una autoría directa en el tráfico de sustancias, los reportes de inteligencia civil señalan una «omisión deliberada» para no romper el equilibrio de poder interno en la Policía.

Jhonny Aguilera representa el arquetipo del policía político en Bolivia. La apertura de la investigación judicial en este 2026 por torturas a militares refleja el debilitamiento o la exposición de los métodos de fuerza utilizados por el ala dura del Ejecutivo para blindar sus crisis políticas.