ANÁLISIS : AL PUNTO Y AL FONDO

El caso Beller-Cerimedo dejó de ser únicamente una investigación fiscal para convertirse, en cuestión de días, en una disputa comunicacional donde filtraciones, chats, fotografías, allanamientos y supuestos hallazgos aparecen cada jornada en televisión y redes sociales, muchas veces antes de que la propia Fiscalía explique oficialmente el alcance y la veracidad de esos elementos.

Lo que debería ser una investigación sometida a reglas de confidencialidad, debido proceso y verificación, terminó convertido en una suerte de “feria comunicacional”, donde determinados medios parecen tener acceso privilegiado a información que, por su naturaleza, debería estar bajo custodia de los investigadores.

Una red televisiva convertida en centro de operaciones

Uno de los aspectos más llamativos es el papel asumido por una red televisiva que se ha convertido en una suerte de medio pivote del caso, desde el cual se difunden de manera casi diaria datos, imágenes y elementos que forman parte -o se presentan como parte- de la investigación.

La cuestión no es que los medios informen sobre una investigación de interés público. El problema aparece cuando una determinada red parece disponer de información privilegiada y en tiempo real, mientras el resto de los medios termina reproduciendo sus contenidos.

Así, la competencia periodística deja de ser quién verifica mejor una información y pasa a convertirse en quién consigue primero el dato, la fotografía, el chat o el supuesto documento que genere mayor impacto.

El argumento de que se trata de “periodismo de investigación” puede terminar siendo, en estas circunstancias, un envoltorio de papel celofán para cubrir una práctica mucho más cuestionable: la filtración sistemática de información de una investigación en curso.

Chats, fotografías, información sobre dinero presuntamente encontrado, allanamientos y otros elementos aparecen en los medios con una rapidez que contrasta con la lentitud habitual de los procesos judiciales.

Si esos datos provienen efectivamente de fuentes policiales o fiscales, la pregunta es inevitable: ¿quién está filtrando información reservada y por qué?

No se trata de impedir que la sociedad conozca una investigación de interés nacional. Se trata de establecer si existen intereses particulares detrás de la selección y entrega diaria de información a determinados medios.

Más aún cuando una parte de los datos difundidos todavía requiere corroboración judicial y cuando algunos elementos aparecen acompañados de versiones, interpretaciones y conclusiones que no necesariamente forman parte de una determinación fiscal.

La noticia versus el espectáculo

A este escenario se suma la actitud de buena parte de los medios y de las plataformas digitales, que reproducen cada nuevo dato como si se tratara de una competencia por mantener encendida la polémica. Las redes sociales se han convertido en un amplificador del escándalo.

Cada fotografía, cada conversación, cada supuesto documento y cada allanamiento es convertido inmediatamente en contenido viral, sin que necesariamente exista una verificación independiente.

El resultado es una mezcla explosiva: información real, información incompleta, versiones, especulaciones y opiniones, todo presentado dentro de un mismo paquete y consumido por una audiencia cada vez más predispuesta al morbo.

Los medios tienen derecho a informar. La ciudadanía tiene derecho a conocer lo que ocurre.

Pero ambos derechos pierden sentido cuando la información se maneja sin responsabilidad y cuando la búsqueda de audiencia termina imponiéndose sobre la obligación de verificar.

¿Investigación o disputa de poder?

El caso también comienza a mostrar una dimensión política. La filtración reiterada de información de origen policial o fiscal podría estar reflejando una pugna interna de poderes, en la que sectores del Ministerio Público o de los organismos investigadores estarían utilizando determinadas plataformas mediáticas para instalar información y golpear puntos sensibles del Gobierno.

Precisamente por la gravedad del asunto, la pregunta debe ser investigada y no convertida en una conclusión mediática. Porque si una institución del Estado entrega información selectivamente a un medio y ese medio la convierte en el eje de una cobertura diaria, el problema deja de ser solamente periodístico. Pasa a convertirse en un problema institucional con ribetes de interés político.

La legión de opinadores

El fenómeno se agrava con la aparición de una legión de “opinadores” y “analistas” capaces de convertir cada filtración en una teoría, una acusación o una sentencia anticipada. El exministro de Justicia, Iván Lima, lo definía como «juicio paralelo» o «condena social anticipada».

Así, una investigación que debería avanzar en los despachos de fiscales, policías y jueces termina desarrollándose también en los sets de televisión y en las redes sociales.

Los ladridos mediáticos aumentan o disminuyen según el tamaño del dato disponible y, sobre todo, según su capacidad para generar audiencia y también del tiempo de cámaras y micrófonos que le ponen en determinado set de televisión.

Este caso dejará una lección preocupante: una investigación fiscal puede terminar convertida en espectáculo cuando los investigadores de “mano oculta y cerebro negro” filtran sus propios datos con fines políticos o de revancha institucional.

Eso no es periodismo investigativo, eso es periodismo conspirativo. Y cuando eso ocurre, la investigación deja de caminar por los pasillos de la Justicia y empieza a desfilar por las pasarelas de la televisión y las redes sociales.

El verdadero desafío, entonces, no es quién consigue mañana el próximo chat, fotografía o documento. Es saber quién está filtrando la información, por qué la filtra, a quién beneficia y cuánto de lo que se presenta como una investigación judicial es, en realidad, una disputa política librada a través de los medios de comunicación.