El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, entregó oficialmente la propuesta de Reglamento de la Ley N° 1680 a la viceministra de Igualdad de Oportunidades, Descolonización y Despatriarcalización, Jessica Echeverría, consolidando más de seis años de trabajo técnico y articulación con organizaciones de la sociedad civil. La Ley N° 1680, promulgada en noviembre de 2025, establece un marco de protección y reparación para hijas e hijos huérfanos víctimas de feminicidio y otros delitos contra la vida. La propuesta reglamentaria busca garantizar su aplicación efectiva, asegurando recursos sostenibles para el bono y el paquete alimentario, en cumplimiento del principio de prioridad absoluta previsto en la Constitución. El documento también plantea la creación de equipos multidisciplinarios departamentales —con profesionales en psicología y trabajo social— para brindar acompañamiento psicosocial, seguimiento y atención especializada. Desde 2019, la Defensoría del Pueblo impulsó este proceso normativo, que incluyó la elaboración de un anteproyecto de ley y la promoción de normativa municipal. Como resultado, se aprobaron 42 leyes municipales y 9 reglamentos en distintos gobiernos autónomos del país.

El Consejo de la Magistratura respaldó la presentación de un proyecto normativo en materia agroambiental impulsado por el Tribunal Agroambiental, en coordinación con el senador por Chuquisaca, Daniel Ortiz. Durante el acto, el decano del Consejo, Manuel Baptista Espinoza, afirmó que la propuesta busca fortalecer la seguridad jurídica en el ámbito agroambiental y establecer reglas más claras en una jurisdicción clave para la protección de los recursos naturales y el desarrollo sostenible. Baptista señaló que la iniciativa marca el inicio de la gestión de las nuevas autoridades del Tribunal Agroambiental y consideró que este tipo de acciones deberían replicarse en otras instancias del sistema judicial para avanzar en la actualización normativa. En la misma línea, anunció que el Consejo de la Magistratura prepara un proyecto de reforma al régimen disciplinario del Órgano Judicial. Según explicó, la propuesta apunta a mejorar la transparencia y la celeridad en los procesos disciplinarios, además de equilibrar las garantías para jueces procesados y denunciantes. El planteamiento será presentado ante la Asamblea Legislativa Plurinacional con el objetivo de modificar la Ley N.º 025 del Órgano Judicial en lo referido al régimen disciplinario. Las autoridades coincidieron en que la coordinación entre instituciones será clave para concretar los cambios planteados.

La víctima una adulta mayor con discapacidad visual y auditiva, quien sostiene que fue despojada de su vivienda debido a modificaciones irregulares.

La fiscalía investigó en 2015 la fuga del empresario peruano Martín Belaunde Lossio y comprobó delitos de sobornos a policías, fiscales, jueces y autoridades bolivianas.

La Defensoría del Pueblo expresa su preocupación ante la resolución del Tribunal Supremo de Justicia que dejó sin efecto la sentencia condenatoria ejecutoriada en el caso denominado “Golpe de Estado II” y las recientes decisiones judiciales que determinaron que los hechos de Sacaba y Senkata deben ser juzgados mediante el procedimiento de juicio de responsabilidades. Estas decisiones revelan un escenario de inseguridad jurídica y contradicciones en el sistema judicial, que obstaculizan el acceso a la justicia y afectan el derecho a la verdad y a la reparación integral de las víctimas, así como los derechos de los procesados. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos consagra el derecho de toda persona a ser oída por un tribunal competente, independiente e imparcial. Esto implica que los Estados deben garantizar un acceso efectivo a la justicia y evitar cualquier medida o disposición interna que obstaculice injustificadamente dicho derecho. En ese marco, las decisiones contradictorias adoptadas por las autoridades judiciales sobre la competencia para juzgar estos hechos, en relación a, si correspondía la jurisdicción ordinaria o un juicio de responsabilidades, evidencian una afectación al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, derechos protegidos por los artículos 115 y 117 de la Constitución Política del Estado, así como por los estándares interamericanos de derechos humanos. Si bien los hechos investigados se produjeron durante el ejercicio de funciones presidenciales, lo que exige la aplicación del procedimiento establecido en la Ley N° 044, la elección inadecuada de la vía procesal ha derivado en dilaciones, nulidades e incertidumbre jurídica, vulnerando el principio de celeridad previsto en el artículo 113.I de la Constitución y afectando tanto a las víctimas como a las personas procesadas. Esta situación podría comprometer la responsabilidad internacional del Estado boliviano, en la medida en que incumple las recomendaciones formuladas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), orientadas a asegurar justicia, verdad y reparación frente a los hechos de violencia de 2019. La Defensoría del Pueblo considera indispensable que el Ministerio Público y la Asamblea Legislativa Plurinacional actúen con urgencia para activar el procedimiento establecido en la Ley N° 044, garantizando un proceso conforme a derecho, libre de dilaciones indebidas y en estricto cumplimiento de los estándares internacionales. Solo así se evitará que estos casos queden en la impunidad y se cumplirá con el deber del Estado de asegurar justicia y reparación integral a las víctimas. Asimismo, corresponde evaluar la eventual responsabilidad de las autoridades y funcionarios del sistema de justicia cuyas actuaciones hubieren vulnerado derechos fundamentales o generado perjuicios procesales, conforme a las previsiones constitucionales y legales vigentes. La Defensoría del Pueblo reafirma su compromiso institucional de realizar un seguimiento estricto a los procesos vinculados a los hechos de 2019 y de mantener su acompañamiento permanente a las víctimas y sus familias, en la búsqueda de verdad, justicia y reparación integral. La Defensoría del Pueblo es una Institución Nacional de Derechos Humanos con estatus ‘A’, cuya función es velar por la vigencia, promoción, difusión y cumplimiento de los derechos humanos, individuales y colectivos, que se establecen en la Constitución Política del Estado, las leyes y los instrumentos internacionales, con independencia y autonomía plena, que, en el ejercicio de sus funciones, no recibe instrucciones de los órganos del Estado.

Tribunal Supremo de Justicia concluyó que la senadora Añez asumió el 2019 por un “estado de necesidad constitucional” para garantizar la continuidad institucional del Estado.

En una entrevista exclusiva con F10 Noticias, el general boliviano Juan José Zúñiga, excomandante del Ejército, rompió el silencio y acusó al presidente Luis Arce Catacora de haber dirigido lo que calificó como “un plan macabro” el pasado 26 de junio, cuando efectivos militares fueron movilizados hacia Plaza Murillo, en lo que el Gobierno describió entonces como un intento de golpe de Estado. Zúñiga afirmó que la operación no fue una insubordinación militar, sino una emboscada planificada desde el Palacio Quemado para fabricar una narrativa política. “El señor Arce tenía que volver a postularse. Todo estaba controlado, todo montado y luego tenía que quedarse otros 10 años más. Ese era el plan”, aseguró. Según su testimonio, el objetivo era múltiple: “Obtener una ventaja política, levantar su popularidad, debilitar a las Fuerzas Armadas y comenzar una cacería de opositores de izquierda y de derecha”. El militar reconstruyó los días previos al operativo, señalando que el domingo 23 de junio recibió instrucciones directas del presidente. “Me ordena a mí en persona traer los blindados para neutralizar las movilizaciones sociales”, relató, indicando que el entonces ministro de Defensa, Edmundo Novillo, le dio luz verde con una sola palabra: “Proceda”. Zúñiga también implicó a los exministros María Nela Prada, Hugo Moldiz, y al actual titular de Gobierno, Eduardo del Castillo, quienes —según dijo— participaron en la planificación desde la Casa Grande del Pueblo. En su versión, la supuesta “emboscada” se evidenció al llegar a la plaza central del poder político boliviano: “No había barricadas ni policías. Pero ya estaban listos los medios de comunicación, movimientos sociales organizados con carteles alusivos al golpe, e incluso francotiradores en el Palacio”. Zúñiga sostuvo que el objetivo era provocar un enfrentamiento que justificara la tesis de un “golpe cívico-militar” y legitimar una posterior persecución judicial. Desde su detención, denunció que no se le permitió declarar libremente ante la Fiscalía. “La única vez que me dejaron hablar fue bajo amenaza y con un libreto”, afirmó, asegurando que algunos militares obtuvieron beneficios judiciales a cambio de sostener la versión oficial. Zúñiga pidió que el presidente Luis Arce sea sometido a un juicio de responsabilidades, junto a Moldiz, Novillo, Del Castillo, y otros funcionarios presuntamente involucrados. “Ellos orquestaron todo este escenario del golpe. Querían perpetuarse en el poder y eliminar a sus oponentes políticos”, sentenció. La entrevista, considerada una de las más explosivas desde los sucesos del 26-J, reabre el debate sobre la legitimidad del relato gubernamental y las tensiones entre el poder civil y militar en Bolivia.

“Ha sido un error enjuiciar a Jeanine Áñez, ha sido un error promover el denominado caso Golpe II y ahora la justicia trata de enmendar ese error”, afirmó.

Presidente del Tribunal Supremo de Justicia explicó que se hallaron vulneraciones al ordenamiento legal y a los derechos de la exmandataria.

El Tribunal Departamental de Justicia de La Paz (TDJ) clausuró las primeras jornadas de descongestionamiento del sistema penal de la gestión 2025, llevadas a cabo en el Centro Penitenciario de San Pedro. En total, se realizaron 700 audiencias en cuatro recintos penitenciarios del departamento. El acto de clausura contó con la presencia de autoridades nacionales del Órgano Judicial, entre ellas la Magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, Fanny Coaquira Rodríguez, y la Decana del Consejo de la Magistratura, Gabriela Paula Araoz López. Durante esta iniciativa, jueces, secretarios y personal de apoyo jurisdiccional de los tribunales y juzgados de materia penal trabajaron en coordinación con el Ministerio Público, Régimen Penitenciario, Defensa Pública y la Policía Nacional. Este esfuerzo interinstitucional permitió la realización de audiencias y la atención de consultas jurídicas a los privados de libertad, con el objetivo de agilizar la administración de justicia y reducir la sobrepoblación carcelaria. El balance de las audiencias realizadas en los diferentes recintos penitenciarios es el siguiente: Patacamaya: 102 audiencias, 28 con resultados positivos. Chonchocoro: 74 audiencias, 13 con resultados positivos. Obrajes: 77 audiencias, 22 con resultados positivos. San Pedro: 447 audiencias, 63 con resultados positivos. Estas jornadas de descongestionamiento permitieron la revisión de casos y la implementación de medidas que facilitan su resolución, promoviendo una justicia más ágil y efectiva. La actividad contó con la participación de diversas autoridades, entre ellas el Decano del TDJ, Teodoro Molina Salazar; el Fiscal Departamental de La Paz, Juan Torrez Laura; el Director Nacional de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias; vocales y otros servidores de las instituciones involucradas en el sistema penal y el proceso de descongestión penitenciaria.