La extensión obligatoria de dichas medidas de protección a los núcleos familiares directos de todas las altas autoridades judiciales del país.

Buscan culpables de las 22 muertes y 37 heridos. La Fiscalía incluso pidió seis meses de detención preventiva para dos oficiales.

El senador Roca afirmó que el caso representa “la mayor cicatriz institucional de Santa Cruz. Hoy comenzamos a repararlo”, declaró.

El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya Aro, expresó su profunda consternación por el asesinato del magistrado decano del Tribunal Agroambiental, Víctor Hugo Claure Hinojoza, ocurrido en Santa Cruz de la Sierra, y demandó una investigación exhaustiva que permita identificar y sancionar a los responsables. La autoridad advirtió que este crimen no puede quedar en la impunidad y remarcó la necesidad de que el Estado actúe con firmeza frente a las estructuras del crimen organizado. A través de sus cuentas oficiales, Callisaya sostuvo que el hecho refleja la gravedad de la violencia que golpea al país y exhortó a las instituciones encargadas de la investigación y seguridad a actuar con celeridad y transparencia. “Este hecho de extrema violencia no puede quedar en la impunidad”, señaló la autoridad defensorial, al exigir además el respeto al debido proceso durante las pesquisas. El Defensor del Pueblo recordó que la protección de la vida y la seguridad ciudadana constituyen obligaciones fundamentales del Estado, por lo que pidió respuestas inmediatas para devolver certidumbre a la población. En ese marco, insistió en la necesidad de fortalecer las capacidades institucionales para enfrentar a organizaciones criminales que amenazan la convivencia pacífica y generan zozobra en el país. La Defensoría del Pueblo reiteró su preocupación por el incremento de hechos de violencia extrema y subrayó que la lucha contra el crimen organizado requiere acciones coordinadas, prevención y una política de seguridad más contundente. La institución remarcó que el asesinato de una alta autoridad judicial debe marcar un punto de inflexión para reforzar las acciones estatales contra las redes delictivas.

El hecho se produjo en el local Chaplin Show de la zona Equipetrol donde el magistrado que participaba en un acto social por el Día del Trabajador.

Diversos sectores consideran que la falta de renovación debilita la legitimidad de las decisiones judiciales y prolonga una crisis institucional.

Se apersonó al Tribunal Primero de Sentencia e indicó cuál sería su domicilio en el Trópico de Cochabamba, pero tampoco ha podido ser habido”, explicó Mogro.

Uno de los cambios centrales es que la destitución por faltas gravísimas sea definida por jueces disciplinarios, eliminando la participación de jueces ciudadanos.

El histórico fallo en el caso Castañeda Gutman vs. México da luces. Que NPG decida retirarse por «discrepancias personales» es un asunto administrativo. El derecho de Yahuasi a ser elegido es un derecho humano individual e irrenunciable: (Art. 23 de la CADH)