El diputado de la alianza Unidad, Carlos Alarcón, cuestionó al fiscal general del Estado, Roger Mariaca, por el manejo y la comunicación del caso de las maderas investigadas por su presunta vinculación con el tráfico de sustancias ilícitas. Según el legislador, la Fiscalía terminó informando sobre un “falso positivo” relacionado con un cargamento que, de acuerdo con su versión, nunca salió de Bolivia.

Alarcón sostuvo que el Gobierno y el Ministerio Público están proyectando una imagen negativa del país en el ámbito internacional al no esclarecer de manera contundente el caso de las maderas incautadas en Chile, que, según la versión de la Fiscalía de ese país, contenían sustancias ilícitas y habrían sido enviadas desde Bolivia. En su criterio, Mariaca y las autoridades bolivianas debieron concentrar sus esfuerzos en ese caso y coordinar una investigación conjunta con sus pares chilenos, en lugar de informar sobre otro cargamento que finalmente no salió de territorio boliviano.

El legislador considera que ambos hechos podrían corresponder a casos completamente distintos y que no deberían ser presentados como si se tratara de un solo episodio. Incluso planteó la posibilidad de que la investigación sobre el segundo cargamento haya sido utilizada como una “coartada prefabricada” para desviar la atención y favorecer la impunidad del primer caso. Esta posibilidad, sin embargo, corresponde a una hipótesis planteada por Alarcón y no ha sido demostrada.

Para el diputado, mezclar ambos episodios puede generar confusión en la opinión pública y enviar al exterior una señal equivocada sobre la capacidad del Estado boliviano para enfrentar el narcotráfico. Por ello, cuestionó la actuación del Fiscal General y reclamó que se cambie el enfoque de la investigación para concentrarse en el cargamento efectivamente incautado en Chile, mediante una coordinación directa entre las autoridades competentes de ambos países.

Alarcón también pidió al sector exportador maderero asumir un papel activo en el esclarecimiento de los hechos y colaborar con las investigaciones, bajo el principio de que las responsabilidades penales son individuales y deben establecerse mediante el debido proceso. A su juicio, si se comprueba la comisión de delitos, estos deben atribuirse a sus responsables y no utilizarse para estigmatizar a todo el sector maderero.

El cuestionamiento de Alarcón deja abierta una interrogante sobre el manejo del caso: ¿se está investigando con la misma prioridad el cargamento incautado en Chile o la atención se desvió hacia un segundo episodio que terminó siendo considerado un “falso positivo”? Para el diputado, la única manera de despejar las dudas es llegar hasta el fondo de la verdad y establecer, mediante una investigación coordinada entre Bolivia y Chile, qué ocurrió realmente con la carga incautada en territorio chileno.