ANÁLISIS | Al Punto y Al Fondo

La captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, el pasado 13 de marzo de 2026, lejos de cerrar un capítulo, abrió una etapa de revelaciones, acusaciones y disputas que todavía sacuden a Bolivia.

El denominado “tsunami Marset” continúa golpeando a la Policía, la política y el sistema judicial. Las denominadas “narco-maletas”, “narco-maderas” y el “narco-avión” se sumaron a una serie de escándalos que han puesto nuevamente bajo la lupa la lucha contra el narcotráfico y las estructuras que, durante años, habrían operado en el país.

En el centro de esta tormenta se encuentra el comandante general de la Policía, general Mirko Sokol, quien se ha convertido en uno de los principales blancos de cuestionamientos. La difusión de los audios atribuidos a los denominados “Goldens” fue utilizada para golpear duramente a la máxima autoridad policial.

Pero ahora aparece otra pregunta: si esos audios fueron considerados válidos para cuestionar y desacreditar al comandante Sokol, ¿por qué otros audios que circulan y contienen afirmaciones igualmente graves deberían ser descartados de antemano?

Uno de ellos hace referencia a un supuesto “narcoperiodista millonario” y plantea interrogantes sobre el patrimonio de un conocido periodista y presentador de televisión. ¿Una vivienda valuada en millones de dólares? ¿Propiedades en Estados Unidos? ¿Cuál es el origen de ese patrimonio?

Aquí no se trata de atacar a la prensa ni de perseguir la libertad de expresión. Si existen indicios concretos sobre un patrimonio cuyo origen genera dudas, lo que corresponde es investigar y transparentar. La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), dentro de sus competencias, debería determinar si existe alguna señal de alerta y, de ser necesario, establecer el origen de esos recursos.

La libertad de prensa no puede ser utilizada como escudo frente a una eventual investigación patrimonial, del mismo modo que una denuncia tampoco puede convertirse en una condena anticipada.

El propio general Sokol sostiene que la caída de Marset afectó intereses y redes que habrían operado durante años dentro y fuera de las instituciones.

“El caso Marset no solo abrió una brecha dentro de la Policía, sino en muchas otras instituciones del Estado, ya que hemos afectado muchos intereses”, afirmó.

Y agregó que las investigaciones internacionales podrían revelar la participación de policías, civiles y funcionarios de otras instituciones.

La caída de Marset, por tanto, parece estar lejos de ser el final de la historia. El “tsunami” continúa y sus réplicas siguen golpeando. Entre filtraciones, audios, denuncias y acusaciones cruzadas, queda una pregunta pendiente: ¿quiénes se beneficiaron durante años de las redes criminales que operaron en Bolivia y quiénes están realmente interesados en que toda la verdad salga a la luz?