El mensaje del Gobierno parece ser claro: ningún efectivo policial debe generar vínculos de cercanía, confianza o afinidad política con el expresidente, menos aún en instalaciones y puestos de control donde los uniformados representan institucionalmente al Estado.

La medida también puede leerse como un intento de marcar distancia frente a la narrativa de Morales sobre los llamados “policías patriotas”, a quienes en distintas ocasiones presentó como uniformados que le proporcionaban información sobre operaciones y movimientos vinculados a la seguridad interna del Estado.

El proceso disciplinario podría buscar sentar un precedente para evitar que desde las filas policiales se construyan nuevas redes de lealtad personal o filtraciones de información hacia el entorno del exmandatario.

La pregunta que queda es si el Gobierno pretende dejar establecido que la Policía no protege ni responde políticamente a Evo Morales, sino que está subordinada a la institucionalidad y a las órdenes de sus mandos.

El riesgo, sin embargo, recae directamente sobre los dos uniformados, que ahora deberán enfrentar una investigación disciplinaria por una conversación que, según el propio video, incluyó incluso comentarios sobre la situación económica del país y un llamado a “unirse”.