El debate sobre los límites del gobierno transitorio de Jeanine Áñez (2019-2020) se reabre en medio de un cruce de acusaciones. Ante las recientes críticas de la excanciller Karen Longaric, quien cuestionó al actual Ejecutivo por la lentitud e ineficiencia en la designación de embajadores y la parálisis del servicio exterior, la Cancillería boliviana contraatacó revelando el costo de la gestión transitoria: un gasto de Bs 45 millones en la renovación express del cuerpo diplomático durante sus 11 meses de mandato.

La controversia va más allá del intercambio de acusaciones o el monto económico: plantea si una administración interina —cuyo único mandato constitucional era convocar a elecciones— tenía la legitimidad para ejecutar un viraje ideológico de largo alcance en la política exterior, para que luego esa estructura fuera desmantelada casi de inmediato con el retorno del MAS al poder.

“En un gobierno de transición que tenía la única misión de convocar a elecciones […], esa administración gastó 45 millones de bolivianos en la designación de un cuerpo diplomático que fue retirado a continuación”, denunció el canciller Fernando Aramayo.

Los 6 nombramientos diplomáticos clave de la transición

Para desmarcarse de 14 años de gestión del MAS, la administración de Áñez promovió giros estratégicos en misiones clave:

1. Estados Unidos: Óscar Serrate Cuéllar

• Cargo: Representante diplomático en Washington D.C.
• Impacto: Buscó congelar más de un decenio de distanciamiento y restablecer relaciones bilaterales a nivel de embajador tras la expulsión de Philip Goldberg en 2008.

2. OEA: Jaime Aparicio Otero

• Cargo: Representante Permanente ante la OEA.
• Impacto: Posicionó la narrativa del gobierno interino sobre la auditoría electoral de 2019 y alineó a Bolivia con los países del Grupo de Lima.

3. ONU: Rubén Darío Cuéllar Suárez

• Cargo: Representante Permanente ante las Naciones Unidas.
• Impacto: Asumió la vocería oficial ante el fuerte escrutinio internacional en materia de derechos humanos y procesos judiciales post crisis de 2019.

4. Ciencia y Tecnología: Mohammed Mostajo Radji

• Cargo: Representante Extraordinario para la Ciencia, Tecnología e Innovación.
• Impacto: Designado para captar cooperación sanitaria durante el COVID-19, su rol quedó severamente cuestionado tras el escándalo por la compra de respiradores mecánicos.

5. Argentina: Julio Alvarado Aguilar

• Cargo: Encargado de Negocios en Buenos Aires.
• Impacto: Gestionó el punto más crítico de la relación bilateral, tensionada por el refugio político concedido por Alberto Fernández al expresidente Evo Morales.

6. México: Julio Eduardo Aliaga Lairana

• Cargo: Encargado de Negocios en Ciudad de México.
• Impacto: Enfrentó el conflicto diplomático derivado del asilo a exautoridades del MAS en la residencia mexicana en La Paz, que derivó en la expulsión de la embajadora María Teresa Mercado.

El costo de actuar como un gobierno electo

El enfrentamiento entre la Cancillería y la exministra Longaric expone dos visiones contrapuestas sobre la gestión pública y el servicio exterior:

• La postura del gobierno actual Defiende su ritmo de designaciones apelando a la prudencia financiera y califica los Bs 45 millones de 2020 como un derroche e ineficiencia en una diplomacia efímera, creada por un gobierno sin mandato popular de cinco años.
• La postura de Karen Longaric y defensores de la transición: Argumentan que un Estado no puede quedar paralizado diplomáticamente. Sostienen que era urgente retirar al personal afín al régimen saliente para reposicionar la imagen del país, y que la verdadera ineficiencia radica en la pasividad del gobierno actual para cubrir embajadas clave.

CONCLUSIÓN: AL PUNTO Y AL FONDO

La cifra de los Bs 45 millones resume el dilema de fondo: si el gobierno de Áñez simplemente administró el camino hacia las urnas o si usó el aparato estatal para actuar como una administración de pleno derecho, dejando una factura cargada al erario público que se convirtió en el argumento perfecto para justificar la lentitud de sus sucesores.

El Punto (La controversia visible)

La Cancillería cuestiona las facultades de un gobierno de transición para gastar tanto dinero ignorando que su misión era únicamente llamar a elecciones para restituir el orden democrático, y no actuar como si fuera gobierno electo para cinco años.

El Fondo (El dilema político)

Es la pugna constitucional sobre cuáles son los límites reales del poder en una administración interina no electa por voto popular. Contrapone la visión de un gobierno puramente administrador obligado a convocar elecciones sin alterar el Estado, frente a la de un mandato pleno con derecho a cambiar la línea ideológica.