El Directorio Ejecutivo del FMI aprobó para Bolivia un programa por DEG 1.369 millones, equivalentes a unos $us 1.900 millones, con un desembolso inmediato de aproximadamente $us 214 millones. El resto será entregado gradualmente, sujeto a revisiones del cumplimiento del programa.

Más allá del financiamiento, el acuerdo tiene importancia política y económica porque respalda una agenda de reformas que coloca al sector privado como uno de los principales motores del crecimiento, al mismo tiempo que plantea reducir el peso fiscal del Estado, reformar las empresas públicas, eliminar progresivamente las subvenciones a los combustibles y establecer reglas fiscales de mediano plazo.

El cambio contrasta con el Modelo Económico Social Comunitario Productivo impulsado por el MAS desde 2006. La propia documentación oficial del Ministerio de Economía definía ese modelo como uno caracterizado por la intervención del Estado, con funciones de planificación, administración de empresas públicas, inversión productiva, regulación, redistribución del excedente y participación directa en la economía.

Durante dos décadas, el modelo se construyó alrededor de un Estado protagonista: control de sectores estratégicos, empresas públicas, inversión estatal y redistribución de los excedentes provenientes de los recursos naturales. El propio Ministerio de Economía señalaba que los excedentes generados por sectores como hidrocarburos, minería y electricidad debían ser redistribuidos hacia políticas sociales y otros sectores productivos.

El programa aprobado por el FMI plantea una dirección diferente.

Primero, reduce el papel del subsidio estatal al establecer la eliminación progresiva de las subvenciones a los combustibles mediante un mecanismo automático de fijación de precios.

Segundo, coloca al sector privado en el centro de la recuperación, mediante reformas destinadas a mejorar el clima de negocios, atraer inversión y generar empleo formal.

Tercero, plantea reformar las empresas públicas, junto con una mayor eficiencia del gasto y el establecimiento de un marco fiscal de mediano plazo orientado a reducir la deuda.

Cuarto, modifica la política cambiaria y monetaria, al plantear un tipo de cambio determinado por el mercado, limitar la intervención cambiaria y eliminar el nuevo financiamiento del presupuesto por parte del Banco Central.

Quinto, exige mayor disciplina fiscal, con reducción de vulnerabilidades, control de atrasos, fortalecimiento de las instituciones fiscales y una trayectoria descendente de la deuda pública.

El contraste es evidente: el modelo construido desde 2006 concebía al Estado como planificador, productor, regulador y redistribuidor de la economía; el nuevo programa busca que el Estado recupere estabilidad financiera y capacidad de protección social, pero otorgando al mercado y a la inversión privada un papel mucho mayor en la generación de crecimiento y empleo.

Por eso, el acuerdo con el FMI puede ser leído como uno de los principales instrumentos para desmontar progresivamente las bases económicas del modelo estatal que gobernó Bolivia durante casi 20 años, aunque el cambio no ocurrirá de manera automática ni significa que el Estado deje de participar en la economía.

El propio FMI señala que el objetivo del programa es sentar las bases de un crecimiento “impulsado por el sector privado”, mejorar la gobernanza, reducir las distorsiones del mercado y atraer inversión.

En términos políticos, el acuerdo representa algo más que un auxilio financiero: es el respaldo internacional a una nueva hoja de ruta económica para Bolivia. El Gobierno de Paz apuesta a pasar de un Estado que intervenía directamente en buena parte de la actividad económica a un Estado que busca ordenar sus cuentas, reducir subsidios, preservar la protección social y crear condiciones para que el sector privado vuelva a ocupar un lugar central en la economía.

El cambio de modelo, por tanto, ya no aparece solamente como una promesa política. El acuerdo con el FMI convierte esa orientación en un programa de reformas con metas, revisiones y compromisos concretos durante los próximos 36 meses.