La crisis de acefalías y magistrados prorrogados en el Órgano Judicial volvió a quedar expuesta luego de que el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, urgiera a la Asamblea Legislativa a convocar elecciones judiciales para completar los cargos vacantes en el TSJ y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

La demora, según admitió la propia autoridad judicial, está profundizando la mora procesal y dejando a varios departamentos sin representación plena en las máximas instancias de justicia del país.

Saucedo reconoció que la falta de magistrados está obligando a que algunas salas funcionen con suplencias improvisadas y sobrecarga laboral. “Hay dos salas que están funcionando con un solo magistrado”, señaló, al advertir que esa situación termina acumulando causas y ralentizando aún más un sistema judicial ya cuestionado por su lentitud y falta de credibilidad.

El problema, sin embargo, va más allá de la carga procesal. A más de cuatro meses de las elecciones judiciales parciales realizadas en diciembre de 2024, la Asamblea Legislativa no logró encaminar un nuevo proceso para llenar las acefalías pendientes, mientras continúan en funciones magistrados prorrogados cuya permanencia ha sido fuertemente cuestionada desde distintos sectores políticos y jurídicos.

La elección judicial quedó incompleta debido a fallos judiciales que frenaron parte del proceso y dejaron pendientes siete cargos clave: cinco magistrados del TCP y dos del TSJ. Desde entonces, el país arrastra una estructura judicial parcialmente paralizada, con departamentos enteros sin representación en Sala Plena y con autoridades transitorias sosteniendo decisiones de alto impacto institucional.

La permanencia de magistrados autoprorrogados se convirtió en uno de los puntos más críticos del actual sistema judicial boliviano. Diversos sectores consideran que la falta de renovación debilita la legitimidad de las decisiones judiciales y prolonga una crisis institucional que comenzó precisamente por la incapacidad política de consensuar una elección completa y transparente.

Mientras tanto, la Asamblea Legislativa continúa sin señales claras de avanzar en la convocatoria, en medio de disputas políticas y cálculos partidarios que mantienen congelada una solución. Entre tanto, la mora judicial sigue creciendo y miles de procesos continúan atrapados en un sistema que opera con autoridades incompletas, suplencias y magistrados cuya continuidad permanece bajo cuestionamiento.