Después de meses de silencio tras el acuerdo que puso fin a 53 días de bloqueo, la Central Obrera Boliviana (COB) revivió. Salió del sepulcro y volvió al escenario político y sindical con un duro pronunciamiento contra el Gobierno de Rodrigo Paz por la eliminación de la subvención estatal al diésel.

La COB calificó la decisión como una medida “unilateral”, acusó al Ejecutivo de romper los acuerdos alcanzados con los trabajadores y advirtió que el denominado “diéselazo” golpeará directamente el bolsillo de las familias bolivianas, elevará el costo de la canasta básica y profundizará la presión inflacionaria.

El pronunciamiento representa un giro en la posición de la organización matriz de los trabajadores, que permaneció prácticamente en silencio desde el acuerdo firmado el 20 de junio, después de 53 días de conflicto y bloqueo.

Ahora, frente a la eliminación de la subvención, la COB vuelve a levantar la voz y anuncia que serán sus bases las que definan la respuesta al Gobierno.

La organización sindical sostuvo que el Gobierno de Paz desconoce los compromisos asumidos con la COB y cuestionó que, después de una etapa de diálogo, el Ejecutivo haya optado por una medida que considera lesiva para la economía popular.

Ante este escenario, la COB convocó de manera inmediata a un Ampliado Nacional de Emergencia, al que deberán asistir las confederaciones, federaciones nacionales, Centrales Obreras Departamentales (COD) y Centrales Obreras Regionales (COR).

La instancia sindical deberá evaluar el impacto de la eliminación de la subvención y, sobre todo, definir las medidas que asumirán los trabajadores.

Ya no se trata únicamente de un pronunciamiento. La COB anunció que pondrá el conflicto en manos de sus organizaciones afiliadas para decidir si el rechazo al “diéselazo” se transforma en movilizaciones y otras medidas de presión.

En su parte más contundente, la COB responsabilizó al Gobierno por una eventual escalada del conflicto social y sostuvo que cualquier movilización que determinen sus bases será una respuesta a las decisiones adoptadas por el Ejecutivo.

“El Gobierno es el único responsable de la inestabilidad social”, advierte el pronunciamiento sindical.