Visiblemente afectada en su condición de madre, la exdirectora de la AJAM, Brenda Lafuente, pidió una condena de seis años de prisión contra el padre de su hijo, el expresidente Luis Arce Catacora. El delito que denuncia es abandono de menor.

No es el primer frente judicial que Lafuente abre contra el exmandatario —actualmente con detención preventiva en la cárcel de Cárcel de San Pedro— sino un episodio más en una disputa que ya ha pasado por varias etapas: primero la negativa de Arce a reconocer la paternidad biológica, luego el conflicto por la asistencia familiar y ahora la denuncia por abandono.

“Que se haga justicia, que caiga todo el peso de la ley sobre el señor Arce Catacora, independientemente de los procesos que tiene ahora. Todos sabemos que está recluido, pero a pesar de que él está recluido, yo voy a seguir con mis procesos, porque voy a pedir justicia por mi hijo”, declaró Lafuente al presentar la denuncia en Sucre.

Según su versión, su hijo —de un año de edad— habría estado en riesgo en dos ocasiones debido al abandono paterno. “Aquí tengo pruebas: mi historial clínico, informes médicos y capturas de pantalla que muestran que mi hijo casi pierde la vida dos veces”, aseguró.

La exfuncionaria ya había iniciado anteriormente procesos contra Arce por asistencia familiar y abandono de mujer embarazada. En esta ocasión decidió presentar la denuncia ante la Fiscalía General del Estado en Sucre, argumentando que la Fiscalía de Cochabamba estaría protegiendo al exmandatario.

Sin embargo, más allá del reclamo de justicia, la estrategia jurídica abre interrogantes. Al radicar la denuncia en Sucre, Lafuente deberá sostener un proceso que probablemente termine trasladándose a La Paz, donde se encuentra detenido Arce. Esto implicaría mayores costos y complicaciones procesales para la propia denunciante.

Además, surge un obstáculo práctico: el expresidente se encuentra recluido, lo que dificulta cualquier traslado para responder una demanda en otra jurisdicción.

Desde el punto de vista procesal, lo más probable es que la justicia analice el caso bajo el principio de jurisdicción territorial. Si se aplica estrictamente ese criterio, la denuncia podría ser observada o rechazada inicialmente para que sea presentada en la ciudad correspondiente.

Por ahora, el caso queda en manos de la justicia, que deberá definir si admite la denuncia o si exige a la demandante corregir la vía procesal elegida. Mientras tanto, el conflicto personal entre Lafuente y el expresidente Arce sigue trasladándose a los tribunales.