La audiencia de medidas cautelares contra el exalcalde de La Paz, Luis Revilla, terminó este miércoles sin decisiones judiciales. No hubo debate, ni resolución. El proceso quedó en pausa por una razón simple y recurrente en los tribunales: la ausencia del fiscal.

La audiencia estaba programada para este 4 de marzo y se desarrollaba de forma virtual. El juez instaló la sesión con la presencia del imputado, quien participó de manera vitual pese a residir en La Paz. Sin embargo, el fiscal asignado al caso ingresó brevemente a la plataforma digital y luego se desconectó, dejando la audiencia sin la parte acusadora.

Ante esa situación, el juez no tuvo otra opción que suspender la diligencia y reprogramarla para una nueva fecha.

El principal denunciante en el caso, el presidente de la Fejuve-La Paz, Jesús Vera, esperaba que en esa audiencia se solicitara la detención preventiva de Revilla. Según su denuncia, el proceso se sustenta en una pericia elaborada por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), que habría identificado un presunto daño económico de 47 millones de bolivianos en la compra del primer lote de los 60 buses del sistema municipal PumaKatari.

La suspensión deja el proceso nuevamente en espera. En la práctica judicial boliviana, las audiencias cautelares suelen reprogramarse en plazos que oscilan entre 20 y 30 días, lo que podría empujar el caso más allá del 22 de marzo, fecha en la que los bolivianos acudirán a las urnas.

Revilla, actualmente candidato del oficialismo a la Gobernación de La Paz, evita así —al menos por ahora— enfrentar una resolución judicial en plena campaña electoral.

Mientras tanto, el denunciante quedó sin la oportunidad de sustentar su pedido de medidas restrictivas contra el exalcalde. El informe pericial que sustenta la denuncia quedó sin discusión en sala, y el proceso vuelve a depender de una nueva convocatoria judicial.

El episodio también abre otro frente. Tras la difusión del informe forense, Revilla anunció acciones legales por difamación contra Vera, lo que anticipa un nuevo capítulo judicial en una disputa que mezcla acusaciones de corrupción, tiempos procesales y escenario electoral.

Por ahora, el resultado es claro: audiencia suspendida, proceso en pausa y una decisión judicial que deberá esperar otra fecha en el calendario.