En medio de una creciente ola de conflictos sociales, marchas, bloqueos y paros de labores que incluso derivaron en pedidos de renuncia del presidente Rodrigo Paz, la Cámara de Diputados aprobó la madrugada de este sábado la abrogación de la Ley 1720 de Reconversión de Tierras, en lo que representa otro retroceso político del Gobierno frente a la presión de sectores movilizados.

Durante la 106ª Sesión Ordinaria, el pleno de Diputados aprobó, en grande y en detalle, el proyecto de ley 417/2025-2026 que deja sin efecto la cuestionada norma, duramente resistida por organizaciones indígena originario campesinas de las Tierras Bajas y otros sectores sociales que denunciaron afectaciones sobre el régimen de tierras.

“Habiéndose aprobado en sus dos estaciones, en grande y en detalle, y siendo la Cámara de Origen, remítase a la Cámara de Senadores para fines constitucionales de revisión”, señaló la presidenta en ejercicio de la Cámara de Diputados, Daniela Cabrera, cerca de las 03:00 de la madrugada.

La decisión legislativa se produjo después de que el presidente Rodrigo Paz comprometiera públicamente la revisión de la norma ante sectores sindicales movilizados, evidenciando nuevamente cómo el Ejecutivo termina cediendo en medio de escenarios de alta conflictividad social y presión política.

La Ley 1720 había provocado protestas en distintas regiones del país, con movilizaciones, bloqueos de caminos y suspensión de actividades, mientras crecían las críticas hacia el Gobierno por impulsar medidas sin consenso social ni diálogo previo con los sectores afectados.

La abrogación de la norma refleja además las fracturas internas dentro del oficialismo y de la Alianza Libre, donde legisladores de bloques de oriente y occidente asumieron posiciones enfrentadas sobre el tema de tierras.

El artículo único aprobado por Diputados establece: “Se abroga la Ley N° 1720 del 10 de abril de 2026. Remítase al Órgano Ejecutivo para fines constitucionales”.

Otro retroceso político en medio de conflictos

No es la primera vez que el Gobierno de Rodrigo Paz retrocede en sus decisiones en medio de presión social y conflictos callejeros.

En enero pasado, el Ejecutivo derogó el Decreto Supremo 5503 tras una escalada de protestas y rechazo de distintos sectores. Posteriormente, también dejó sin efecto otro decreto que autorizaba la libre importación de granos, luego de los bloqueos registrados en Yapacaní y las advertencias de radicalización de medidas.

Ahora, con la abrogación de la Ley 1720, vuelve a repetirse el mismo patrón: decisiones gubernamentales aprobadas sin suficiente consenso terminan siendo revertidas cuando la presión social amenaza con profundizar la crisis política y afectar la gobernabilidad.

Horas antes de la sesión legislativa, Daniela Cabrera había anunciado que la Cámara de Diputados debatiría los proyectos vinculados a la vigencia de la Ley 1720, reconociendo el “momento de alta sensibilidad social” que atraviesa el país.

La legisladora afirmó entonces que el objetivo era encontrar “soluciones a la problemática planteada” y garantizar “certeza jurídica y social” para la población. Sin embargo, el desenlace terminó confirmando que el Gobierno optó nuevamente por retroceder ante un escenario de creciente conflictividad nacional.