Redacción Política de Al Punto y Al Fondo

El discurso de la austeridad extrema y la receta liberal de «achicar el Estado» que propugna el economista Jaime Dunn choca de frente con una realidad incómoda: las zonas grises del sistema electoral boliviano.

Tras confirmarse su inhabilitación por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE) por no demostrar a tiempo su solvencia fiscal, el caso Dunn destapa una interrogante estructural que la normativa vigente no ha querido o no ha podido resolver: ¿Quién fiscaliza los recursos, pasajes de avión, estadías en hoteles y despliegue logístico de un analista que salta a la palestra presidencial antes de que se abra el calendario oficial?

El limbo normativo de las «giras institucionales»

Mientras los partidos tradicionales arrastran el peso de la fiscalización de la Ley N° 1096 de Organizaciones Políticas, figuras emergentes u outsiders han encontrado el vacío legal perfecto. Al presentarse formalmente en calidad de conferencistas, analistas o invitados de plataformas ciudadanas, su despliegue por el eje central escapa por completo del radar de la Unidad de Fiscalización del TSE.

Bajo este esquema, los costosos traslados aéreos y las reuniones de alto nivel en hoteles no figuran como «gasto electoral», sino como actividades privadas. Sin embargo, el provecho político es evidente: posicionamiento de imagen y un «Plan de Libertad» que luego se intentó endosar a la sigla de Nueva Generación Patriótica (NGP).

El costoso álbum de fotos diario: ¿De dónde sale el «dinero mágico»?

Quien revise las redes sociales del economista constatará que cada día y cada fin de semana se publica una nueva postal: fotos de visitas, abrazos y reuniones en giras por distintos puntos del país. En Bolivia, cualquier ciudadano que entienda cómo se mueve la política real sabe perfectamente que nadie se desplaza gratis por pura ideología, vocación, simpatía o servicio político.

Moverse cuesta, y cuesta caro. Mantener ese ritmo diario de exposición requiere de ese «dinero mágico» que todo lo activa: desde los elevados pasajes en rutas aéreas comerciales hasta el hospedaje en hoteles, por más austeros que pretendan parecer. A esto se suma el constante movimiento por carretera, una logística compleja y onerosa en tiempos donde los pasajes de avión se han encarecido sustancialmente y conseguir gasolina o diésel implica costos adicionales que no se pagan con simples declaraciones de principios económicos.

La deuda ética con el electorado

El cuestionamiento que Dunn debe responder de cara al país no es únicamente técnico, sino de coherencia discursiva. Si un proyecto presidencial fundamenta su oferta en la transparencia absoluta de los mercados, la eliminación del despilfarro y el saneamiento de las cuentas públicas, la opacidad de su propio financiamiento diario resulta paradójica.

Los ciudadanos tienen derecho a saber: si un precandidato registra observaciones en su solvencia fiscal ante el Estado —motivo que selló su inhabilitación en la Sala Plena del TSE—, ¿de dónde salieron los fondos que sostuvieron su intensa agenda de posicionamiento nacional y sus costosas giras de fin de semana?

La respuesta a esta pregunta no puede escudarse en el vacío de las leyes actuales. La transparencia no es un requisito que empieza el día de la inscripción formal; es una conducta exigible desde el primer minuto en que se aspira a conducir los destinos económicos de Bolivia.