ANÁLISIS: Al Punto y Al Fondo

La convocatoria del presidente Rodrigo Paz para construir un «Gran Acuerdo Nacional» con parlamentarios de distintas fuerzas políticas ha reabierto el debate sobre el transfuguismo y los costos políticos de buscar gobernabilidad mediante la incorporación de legisladores opositores.

La iniciativa, presentada como una estrategia para impulsar una agenda regional y destrabar proyectos para los departamentos, es interpretada por distintos sectores como un mecanismo que podría incentivar a asambleístas de oposición a alinearse con los intereses del Ejecutivo.

Un antecedente que vuelve al debate La imagen de diputados opositores reunidos con el Presidente y miembros de su gabinete recuerda uno de los episodios más cuestionados de la política reciente: el de legisladores de Comunidad Ciudadana que abandonaron la línea de su alianza para respaldar a Manfred Reyes Villa, llegando incluso a vestir la camiseta de su organización política.

En ese momento, el cambio de posición estuvo impulsado por las primeras encuestas que daban a Reyes Villa como favorito en la carrera presidencial. Sin embargo, tras el resultado electoral, aquel episodio quedó como uno de los casos más representativos de oportunismo político y de cuestionamiento a la lealtad partidaria.

Una nueva forma de construir mayorías Hoy el escenario parece repetirse bajo un discurso distinto. La diferencia es que el incentivo ya no responde a la expectativa de una victoria electoral, sino a la necesidad del Gobierno de reunir apoyos en una Asamblea Legislativa donde enfrenta dificultades para consolidar una mayoría estable.

La búsqueda de parlamentarios opositores también deja al descubierto las debilidades estructurales de la actual administración. A ello se suman los cuestionamientos por la ausencia de un programa de gobierno plenamente consolidado y de un Plan Nacional de Desarrollo que articule las reformas anunciadas desde el inicio de la gestión.

En ese contexto, la incorporación de legisladores de otras fuerzas políticas aparece más como una estrategia para garantizar gobernabilidad que como el resultado de coincidencias programáticas.

La propuesta del Gobierno Durante la reunión con parlamentarios, el presidente Rodrigo Paz sostuvo que La Paz debe consolidarse como el principal distribuidor del comercio nacional y afirmó que el desarrollo del potencial hidrocarburífero del norte paceño permitiría convertir al departamento en el motor energético para Beni y Pando.

Asimismo, explicó que el Gran Acuerdo Nacional busca crear un espacio permanente de coordinación entre el Ejecutivo, la Asamblea Legislativa, los liderazgos políticos y las organizaciones sociales mediante el Consejo Económico y Social.

Según el Mandatario, las leyes, las obras y los proyectos serán trabajados junto a parlamentarios de cualquier fuerza política, siempre que contribuyan a resolver los problemas del país y de sus regiones.

Paz también sostuvo que Bolivia necesita reformas estructurales para superar el modelo económico de las últimas dos décadas. En ese marco, planteó transformar el Estado hacia un sistema de «capitalismo para todos», atraer inversión y recursos internacionales, descentralizar la salud y la educación bajo un esquema de corresponsabilidad, fortalecer la seguridad jurídica e integrar económicamente al occidente y al oriente del país.

Las críticas La viabilidad de ese proyecto dependerá de la correlación de fuerzas en la Asamblea Legislativa. Precisamente por ello, la estrategia de incorporar legisladores opositores adquiere especial importancia para el Ejecutivo, aunque también alimenta las críticas de quienes consideran que el Gobierno está promoviendo el transfuguismo como mecanismo para asegurar gobernabilidad.

Desde la alianza Libre ya se asumió una posición de oposición frontal al Gobierno, al que acusa de intentar desarticular las bancadas opositoras para compensar la pérdida de cohesión oficialista y la falta de respuestas frente a la crisis económica.