Lo que parecía un trámite judicial encaminado a restituir un predio presuntamente avasallado terminó convirtiéndose, según la parte afectada, en un caso que desafía toda lógica jurídica. El abogado constitucionalista Edward Gareca denunció que la Policía Boliviana continúa negándose a cumplir una orden de desapoderamiento utilizando como respaldo un proceso iniciado contra una persona fallecida, situación que ahora deberá ser resuelta por la justicia constitucional.
De acuerdo con Gareca, el conflicto se remonta al avasallamiento de un predio ubicado en Villa Praga, en Santa Cruz, donde la principal denunciada es la propia Policía Boliviana. Asegura que, pese a existir cuatro órdenes judiciales de desocupación emitidas desde 2018, estas nunca fueron ejecutadas.
Cuando la propietaria, Teresa Treviño, ingresó a la fase de ejecución de sentencia para recuperar su terreno, apareció una supuesta acreedora que promovió una acción de amparo constitucional basada en un proceso por una presunta deuda atribuida a quien habría protagonizado el avasallamiento y que, según la denuncia, ya había fallecido.
Como consecuencia de esa acción, una medida cautelar suspendió el desapoderamiento y paralizó la restitución del inmueble. La parte afectada sostiene que este mecanismo permitió mantener la ocupación del predio y reducir en 3.000 metros cuadrados la superficie reconocida a la propietaria, una adulta mayor.
Este viernes a las 10:00 a.m. la Sala Constitucional Cuarta de Santa Cruz celebrará la audiencia en la que definirá si mantiene la suspensión o permite que finalmente se ejecute la orden judicial pendiente, en un caso que ha generado cuestionamientos sobre el actuar de la Policía Boliviana y el uso de recursos constitucionales para frenar decisiones de la justicia ordinaria.
