Categoria: Política
Publicado 11 de julio de 2026

Los vínculos familiares vuelven a instalar el debate sobre las designaciones en el Gobierno de Rodrigo Paz. Esta vez, el foco está en la familia Liebers, luego de que Chaco Alberto Liebers Cáceres, hermano de la jefa de bancada de Unidad en la Cámara de Diputados, Karina Liebers, y primo del ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora Liebers, asumiera la Jefatura de Contrataciones de YPFB Chaco, una de las áreas más sensibles de la empresa por su incidencia en los procesos de adquisición de bienes, servicios y administración de recursos.

La designación, revelada por DTV, abrió cuestionamientos desde sectores políticos y ciudadanos que piden conocer si el nombramiento respondió a un proceso de selección basado en méritos o a la cercanía familiar con altas autoridades del Ejecutivo.

Hasta el momento, ni YPFB Chaco ni el Gobierno han informado si el cargo fue cubierto mediante una convocatoria pública, concurso de méritos o designación directa, aspecto que alimenta las dudas sobre la transparencia del procedimiento.

La presencia de integrantes de una misma familia en posiciones de influencia no es nueva. La trayectoria política de los Liebers se remonta a Arturo Liebers, exdiputado tarijeño y dirigente del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), quien además fue embajador de Bolivia en Argentina durante el gobierno de Jaime Paz Zamora.

Décadas después, el apellido vuelve a ocupar espacios relevantes en la estructura estatal, ahora bajo la administración de Rodrigo Paz.

El cargo asumido por Chaco Liebers es considerado estratégico debido a que la Jefatura de Contrataciones interviene en la revisión y administración de licitaciones, adjudicaciones y desembolsos dentro de la subsidiaria petrolera.

Por ello, voces críticas sostienen que se trata de una oficina con alta capacidad de decisión sobre el manejo de recursos públicos y demandan que el Gobierno explique los criterios que respaldaron la designación, en un contexto en el que la transparencia y la prevención de conflictos de interés son exigencias recurrentes para la administración pública.

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