Lo que comenzó como una reunión para debatir la redistribución de los recursos fiscales terminó ampliando el alcance de las demandas de las regiones. Siete de las nueve gobernaciones del país acordaron no solo impulsar el modelo de coparticipación tributaria 50/50, sino también exigir al Gobierno central la transferencia de instituciones nacionales y la revisión del marco legal que regula las autonomías.

El encuentro se desarrolló este jueves en el Cholet «El Crucero de los Andes», en la ciudad de El Alto, donde los gobernadores de La Paz, Santa Cruz, Beni, Chuquisaca, Oruro y Tarija, además de una representante de Pando, consensuaron una agenda de cinco puntos. Las gobernaciones de Cochabamba y Potosí no participaron de la reunión.

Los gobernadores sostienen que el debate sobre el 50/50 debe ir acompañado de una reforma más profunda del modelo autonómico. En ese sentido, plantearon la abrogación de leyes y decretos aprobados desde 2006 que, a su juicio, contradicen la Constitución Política del Estado al trasladar competencias y obligaciones financieras a las gobernaciones sin asignarles los recursos necesarios.

La propuesta también incluye que instituciones como el Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales (Senarecom), el Servicio Geológico Minero (Sergeomin) y algunos servicios de salud pasen a depender de los gobiernos departamentales, bajo el argumento de que las autoridades regionales tienen mayor capacidad para ejercer control y fiscalización en sus territorios.

El gobernador de La Paz, Luis Revilla, quien ofició como portavoz junto a su homólogo de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, explicó que el objetivo es instalar de inmediato mesas técnicas con el Gobierno nacional para discutir la redistribución de la coparticipación, la transferencia de instituciones y la revisión de la normativa autonómica.

Los acuerdos alcanzados servirán como base para la reunión que los gobernadores sostendrán con el presidente Rodrigo Paz Pereira el próximo 5 de agosto en Sucre, donde buscarán convertir estas propuestas en una hoja de ruta para una eventual reforma del régimen autonómico.