La respuesta judicial a los 53 días de bloqueos comienza a dibujar un mapa político que va más allá de la persecución de hechos concretos. Las cifras que este jueves reveló la Fiscalía Departamental de La Paz muestran la dimensión del operativo: 114 procesos penales abiertos, 75 investigaciones iniciadas de oficio, 335 personas investigadas y 26 detenidos preventivos. Es, hasta ahora, la mayor radiografía de la ofensiva legal desplegada tras el conflicto.

El dato resulta llamativo porque supera ampliamente las denuncias de la dirigencia campesina, que había hablado de unos 250 «perseguidos políticos» y, en función de esa cifra, declaró estado de emergencia. Ahora es la propia Fiscalía la que confirma que la cantidad de investigados asciende a 335.

«Son 114 casos aperturados en las épocas de conflictos de mayo a junio, luego tenemos 75 casos que el Ministerio Público ha iniciado de oficio las investigaciones y debemos referir que tenemos una cantidad de 335 personas investigadas y 26 personas que se encontrarían con detención preventiva», informó el fiscal departamental Luis Carlos Torrez.

Sin embargo, el alcance de esta denominada «barrida legal» también deja ver ausencias notorias. Entre los cientos de investigados todavía no aparecen el expresidente Evo Morales ni el secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, dos de las figuras políticas y sindicales más vinculadas al conflicto desde el debate público.

En el caso de Argollo, el propio fiscal confirmó que no existe una orden de aprehensión en su contra y señaló que la Fiscalía espera una determinación del Ministerio de Gobierno. La situación alimenta las interpretaciones políticas, ya que el dirigente sindical fue uno de los firmantes del acuerdo que permitió desactivar los bloqueos junto al gobierno del presidente Rodrigo Paz. Para algunos sectores, ese entendimiento habría reducido, al menos por ahora, cualquier posibilidad de una acción penal en La Paz, aunque en Santa Cruz el líder de la COB continúa siendo parte de denuncias impulsadas por el Comité Cívico.

Algo similar ocurre con Evo Morales. Aunque el exmandatario permanece en el Chapare desde hace ocho meses y continúa siendo señalado por sectores políticos como uno de los principales promotores de la movilización, la Fiscalía paceña no ha anunciado ninguna actuación en su contra relacionada con estos procesos. La señal que deja el Ministerio Público es clara: el grueso de las investigaciones apunta, por ahora, a dirigentes operativos y organizadores territoriales, no a las principales cabezas políticas del conflicto.

Otro de los nombres que sigue bajo la lupa es el del exdirigente de la Federación Túpac Katari, David Mamani. Consultado sobre versiones que indicaban que habría abandonado el país, Torrez evitó confirmar esa información y sostuvo únicamente que existen varias personas citadas a declarar. Según datos de la Fiscalía, se tiene información de que Mamani aún se encontraría en territorio nacional.

Las cifras también complementan el informe que el 9 de julio presentó el fiscal general Róger Mariaca, quien había reportado 148 procesos abiertos en siete de los nueve departamentos, de los cuales 114 correspondían a La Paz, aunque entonces no precisó cuántas personas estaban siendo investigadas. Ahora ese vacío queda despejado con los 335 investigados revelados por la Fiscalía departamental.

La última acción relevante dentro de esta ofensiva judicial ocurrió el 4 de julio, cuando fue aprehendido en El Alto el exejecutivo de la Túpac Katari, Vicente Salazar, considerado uno de los principales dirigentes de las movilizaciones.

Con estos datos, la estrategia del Estado comienza a mostrar su verdadero alcance: una ofensiva judicial amplia contra la estructura sindical y campesina que sostuvo los bloqueos, pero que todavía deja fuera a las dos figuras de mayor peso político y sindical: Evo Morales y Mario Argollo. Esa ausencia, más que un dato procesal, ya forma parte del debate político sobre hasta dónde llegará realmente el denominado «barrido sindical» por la vía legal.