Categoria: Legislativo
Publicado 21 de julio de 2026

El debate por la crisis electoral de 2019 suele quedarse en el terreno de la retórica y las acusaciones mutuas. Sin embargo, la reciente jugada del vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Carlos Goitia, ha cambiado las reglas del juego al poner sobre la mesa una cifra concreta: 233 millones de bolivianos. Ese es el monto que le costó al Estado el intento de Evo Morales de perpetuarse en un cuarto mandato mediante un proceso electoral anulado por fraude.

Pero más allá del dinero, la iniciativa de Goitia expone un contraste institucional demoledor y marca una raya dentro del Órgano Electoral y el sistema político.

El valor de la iniciativa frente al silencio cómplice

Para entender el «lance de guante», es imprescindible mirar a quien ocupa la presidencia del TSE: Gustavo Ávila.

Para entender la dimensión del «lance de guante» de Goitia, es imprescindible examinar quién preside hoy el TSE y de dónde proviene: Gustavo Ávila Mercado. Su presencia en las altas esferas del Órgano Electoral Plurinacional (OEP) no es fortuita ni reciente; obedece a un recorrido histórico estrechamente vinculado a las gestiones del MAS:

2017 – El alza bajo el paraguas del evismo: Ávila ingresó con fuerza al sistema electoral en noviembre de 2017, cuando fue posesionado como vocal y electo presidente del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Tarija, en una designación respaldada por la entonces presidenta de Diputados, Gabriela Montaño, en pleno auge del régimen de Evo Morales.

2024 – El apadrinamiento de Luis Arce: Tras años de permanencia en el aparato electoral tarijeño, el presidente Luis Arce lo ratificó como ficha de extrema confianza del Ejecutivo al nombrarlo como su delegado presidencial ante el TSE en reemplazo de Dina Chuquimia.

2025/2026 – La cúspide de la institución: Apoyado en esa trayectoria y con el respaldo político del oficialismo, ascendió a la presidencia del TSE.

Lo que Ávila jamás haría: Con un expediente de casi una década bajo la cobija del masismo (desde Evo hasta Arce), jamás pasó por la mente de Gustavo Ávila exigirle cuentas económicas a Evo Morales por el daño financiero causado en 2019. Su papel siempre fue el de amortiguar los golpes al partido de gobierno y preservar la paz interna del bloque oficialista.

Ahí radica la diferencia central: Mientras Ávila representa la continuidad del blindaje al masismo, Carlos Goitia marca una ruptura. Goitia hizo lo que Ávila jamás se habría atrevido a hacer: cruzar la acera de la pasividad burocrática y encarar directamente las consecuencias del fraude de 2019.

Asamblea y la Procuraduría acorraladas

La estrategia de Goitia no fue menor. No dio la conferencia de prensa resguardado en la comodidad de su despacho ni rodeado de sus colegas del TSE, varios de ellos bajo la sospecha constante de militar de manera implícita para el extinto «proceso de cambio».

Goitia fue directamente a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Con este gesto, trasladó la presión política al corazón del poder normativo y a la Procuraduría General del Estado:

Los efectos en la Asamblea

  1. Jaque a los colegas del TSE: Obliga a los demás vocales a «despintarse» del azul (o del nuevo naranja) y definir si respaldan la recuperación de recursos públicos o si siguen cubriendo la espalda de Morales.
  2. Prueba de fuego para el Ejecutivo y Legislativo: Pone a prueba si las autoridades actuales tienen un verdadero compromiso con la justicia financiera del Estado o si continúan coludidas con el evismo.
  3. Respaldo político: La iniciativa de Goitia, impulsada y respaldada por la bancada de Libre (de Jorge Tuto Quiroga), muestra que hay un bloque dispuesto a llevar la responsabilidad civil hasta las últimas consecuencias.

Recuperar lo perdido para sanear la democracia

La propuesta de Goitia no busca simplemente señalar culpables para la foto política; plantea un mecanismo contundente de responsabilidad civil.

Si se logra que Evo Morales y los responsables del fraude asuman el costo económico de esos 233 millones de bolivianos, esos recursos se destinarían directamente a fortalecer y renovar el padrón electoral.

En términos sencillos: que el dinero del fraude sirva para blindar la democracia boliviana y evitar que los ciudadanos vuelvan a pagar de su bolsillo los caprichos de prorroguismo de un caudillo.

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