El presidente Rodrigo Paz destituyó a su ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, luego de que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aprobara su censura. Sin embargo, la decisión quedó bajo la sombra de una acción de amparo presentada ante la Sala Constitucional Tercera de El Alto, instancia que deberá pronunciarse sobre la legalidad de la censura y que arrastra antecedentes de alta sensibilidad política e institucional.

La Presidencia recibió el 20 de agosto la comunicación formal de la Resolución de la Asamblea Legislativa Plurinacional R.A.L.P. Nº 021/2025-2026, aprobada el 18 de agosto, mediante la cual la ALP censuró al ministro de Economía. Ante ello, Paz emitió el Decreto Presidencial N° 5678 y dejó sin efecto la designación de Espinoza, en cumplimiento de la normativa que establece la obligación de destituir a un ministro censurado.

Pero mientras el Ejecutivo cumplía formalmente con la censura, la defensa de Espinoza ya había acudido a la jurisdicción constitucional. La Acción de Amparo Constitucional con NUREJ Nº 204315534 fue admitida por la Sala Constitucional Tercera de El Alto, que fijó audiencia para el próximo 24 de agosto.

El dato que vuelve especialmente relevante esta intervención judicial es que, hasta el momento de la destitución, no existía una medida cautelar comunicada oficialmente al Ejecutivo que suspendiera los efectos de la censura. Es decir, Paz ejecutó la destitución, pero dejó abierta la puerta a lo que pueda resolver la Sala Constitucional en los próximos días.

Mientras se espera esa audiencia, el Presidente designó como ministro interino de Economía a Oscar Mario Justiniano Pinto, actual titular de Producción Sostenible, Medio Ambiente y Agua, con el argumento de garantizar la continuidad de la gestión pública.

Una sala con antecedentes políticos de alto impacto

La Sala Constitucional Tercera de El Alto no es una instancia desconocida en disputas de alto voltaje político. Uno de sus antecedentes más relevantes se remonta a octubre de 2024, durante la crisis que puso en riesgo la realización de las Elecciones Judiciales.

En aquel momento, salas constitucionales de Beni y Pando habían emitido decisiones que frenaban el proceso de selección de candidatos al Tribunal Supremo de Justicia y al Tribunal Constitucional Plurinacional. En medio de esa controversia, la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales presentó una Acción de Cumplimiento ante la Sala Constitucional Tercera de El Alto.

La respuesta de esa instancia fue determinante: concedió una medida cautelar para que el Tribunal Supremo Electoral y la Asamblea Legislativa continuaran con el proceso de las Elecciones Judiciales. La sala consideró que la paralización podía ocasionar un daño irreparable a la institucionalidad del Estado y al derecho ciudadano de elegir a sus magistrados.

La resolución tuvo además un efecto directo sobre el Legislativo. La entonces Presidencia de la ALP, encabezada por David Choquehuanca, respaldó jurídicamente la determinación y pidió al TSE continuar con el proceso electoral y recibir las listas de candidatos preseleccionados.

Ese antecedente convirtió a la Sala Constitucional Tercera de El Alto en una pieza relevante dentro de una disputa que enfrentaba decisiones de distintas instancias constitucionales y las competencias de la propia Asamblea Legislativa.

Asimismo, ha conocido acciones de libertad y amparos vinculados a jueces con procesos penales, detenciones preventivas, debido proceso y conflictos de competencia territorial en causas tramitadas en La Paz y El Alto.

Ahora, esa misma Sala Constitucional Tercera vuelve a quedar en el centro de una disputa política nacional. Esta vez, el caso involucra al ministro de Economía censurado por la Asamblea Legislativa y a un Gobierno que, aunque formalmente ejecutó su destitución, deberá esperar la decisión de la jurisdicción constitucional para conocer si esa medida queda firme o si Espinoza consigue revertirla.

La audiencia del 24 de agosto será, por tanto, más que un trámite judicial: pondrá nuevamente a prueba el papel de una sala constitucional que ya intervino en decisiones de alto impacto institucional y que ahora tiene en sus manos el futuro político y jurídico del extitular de Economía.