El TDJ-La Paz decidió poner a Leonor Vera Condori al frente de Derechos Reales de El Alto pese al cúmulo de denuncias penales y disciplinarias que pesan sobre ella y mientras una investigación interna indaga una presunta manipulación informática de registros. La decisión no despeja las dudas: las multiplica y coloca al propio Órgano Judicial bajo sospecha.
La pregunta central ya no es solamente por qué Vera fue elegida, sino cómo pudo ser considerada idónea una funcionaria sobre la que existen antecedentes que, según los denunciantes, fueron consignados durante anteriores procesos de postulación. La Sala Plena optó por el argumento del mayor puntaje y, según las observaciones formuladas, dejó en segundo plano el requisito de idoneidad.
Pero el punto más delicado aparece en la solvencia fiscal.
Antecedentes que anteriormente figuraban en certificaciones relacionadas con Vera ya no aparecen en el último documento emitido por la Contraloría General del Estado. La certificación fue emitida el jueves y el viernes el presidente del TDJ-La Paz, Isaias Vargas, estuvo posesionandola, según publicación oficial.
La coincidencia temporal exige respuestas. ¿Por qué desaparecieron esos antecedentes? ¿Quién solicitó su levantamiento? ¿Bajo qué procedimiento? ¿Por qué la certificación fue emitida justamente cuando debía concretarse la posesión?
El diputado Rodrigo Antonio Loma anunció una petición de informe escrito a la Contraloría para establecer las circunstancias en las que se produjo la modificación de los antecedentes y la emisión de una solvencia fiscal sin observaciones.
A ello se suma un asunto todavía más delicado: una investigación sobre una computadora externa conectada a seis equipos de Derechos Reales de El Alto, cuyos códigos estarían vinculados a Vera. La denuncia apunta a una posible manipulación de unos 4.000 registros y 700 partidas de bienes inmuebles.
La Unidad de Sistemas de La Paz habría elaborado un informe sobre el caso y lo habría elevado al delegado distrital Marco Antonio Cárdenas. Sin embargo, según los denunciantes, ese documento todavía no fue remitido al Consejo de la Magistratura en Sucre.
El presidente del TDJ-La Paz, Isaías Vargas, defendió la designación y afirmó que la posesión no significa que el Órgano Judicial vaya a encubrir futuras irregularidades. “Si se presenta alguna denuncia que se encuentre dentro de las competencias del Órgano Judicial, se obrará de la misma forma que ahora, en consecuencia y en función de aquello que se nos pruebe”, sostuvo.
El problema es que las denuncias ya existen y algunas están vinculadas precisamente al funcionamiento de Derechos Reales de El Alto. Por eso, la posesión no elimina la controversia: la coloca dentro de la propia institución.
