La detención de Fernando Cerimedo, asesor presidencial, por la investigación de un presunto intento de feminicidio abrió una crisis cuyas ondas expansivas agravan la credibilidad del gobierno de Rodrigo Paz.
Cada nuevo dato funciona como una réplica del sismo inicial provocado por su detención de quien se considera un artífice de la elección de Rodrigo Paz y posterior hombre fuerte en Palacio de Gobierno.
Y, como ocurre después de un gran terremoto, las réplicas pueden ser menos previsibles que el primer impacto.
El Gobierno enfrenta ahora el desafío de explicar la relación de un asesor presidencial con hechos y elementos que están bajo investigación fiscal.
La magnitud política del caso dependerá de lo que aparezca en los teléfonos y de los resultados de las pericias sobre los bienes y documentos secuestrados.
Por ahora, el tsunami político no pierde fuerza: cambia de escenario, suma nuevas evidencias y amenaza con seguir golpeando al Gobierno.
ALLANAMIENTOS
Los allanamientos ejecutados en La Paz agregaron una nueva dimensión al caso y trasladaron la controversia desde el ámbito personal hacia el político.
En uno de los operativos, la Fiscalía reportó el hallazgo de más de medio millón de bolivianos, además de dólares, euros, documentación y equipos electrónicos.
La investigación también alcanzó un inmueble en Calacoto, donde se reportó de manera preliminar la presencia de una persona presuntamente armada que habría logrado escapar.
Hasta el momento, el Ministerio Público no confirmó oficialmente la identidad de esa persona ni su relación con la investigación.
Pero los allanamientos no son el único frente que amenaza con ampliar las repercusiones del caso.
CHAT SOBRE EL CRIMEN
La revisión del contenido de los celulares de Cerimedo habría revelado conversaciones que son consideradas relevantes para esclarecer el ataque contra Nadia Beller.
Según la querella, entre los mensajes aparece uno atribuido a Cerimedo en el que se plantea la posibilidad de “eliminar” a Beller.
La defensa, sin embargo, cuestiona la autenticidad y legalidad de esa evidencia y sostiene que se trataría de una captura de pantalla cuya procedencia debe ser demostrada.
Ese choque entre acusación y defensa anticipa una batalla judicial por la validez de las pruebas obtenidas de los dispositivos.
Mientras tanto, las revelaciones colocan nuevamente a Cerimedo en el centro de la atención política por su cercanía con el poder.
Aunque no ocupaba formalmente un cargo público, su condición de asesor presidencial convierte cada revelación en un problema para la administración de Paz.
La pregunta política ya no se limita a qué ocurrió en el entorno personal de Cerimedo, sino a quién conocía sus actividades y qué nivel de acceso tenía al poder.
Los allanamientos, el dinero encontrado y el contenido de los teléfonos agregan piezas a un rompecabezas que todavía está lejos de resolverse.
