La Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba declaró la nulidad de pleno derecho de la apertura del juicio de responsabilidades iniciado el 25 de marzo de 2009 contra exministros del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, por los hechos de septiembre y octubre de 2003, conocidos como “Octubre Negro” o la “Guerra del Gas”.

La decisión fue adoptada al resolver una acción de libertad presentada por la abogada Patricia Cleobereida Guevara, en representación sin mandato de exministros de Defensa Nacional y de Participación Popular, entre ellos José Carlos Sánchez Berzaín, contra magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.

La Sala Constitucional no solo anuló la apertura del proceso, sino también los actuados posteriores considerados emergentes de esa decisión. En su resolución complementaria estableció que la nulidad tiene como efecto que el proceso “no haya nacido a la vida jurídica”, por lo que carecería de eficacia legal respecto de los accionantes.

Como consecuencia, también dispuso el cese de las medidas derivadas del proceso que afecten los derechos fundamentales de los exministros, incluidas órdenes y mandamientos de aprehensión emitidos en su contra.

Un proceso que duró más de 15 años

El juicio de responsabilidades había sido iniciado en 2009 contra Sánchez de Lozada, integrantes de su gabinete y miembros del Alto Mando Militar por los hechos registrados durante la crisis de octubre de 2003, que dejó decenas de muertos y heridos y terminó con la renuncia del entonces presidente y su salida del país el 17 de octubre de ese año.

Varios de los procesados fueron posteriormente condenados y cumplieron penas de prisión, mientras otros integrantes del gabinete salieron del país y obtuvieron refugio o asilo político.

Sánchez Berzaín, entonces ministro de Defensa, abandonó Bolivia junto con Sánchez de Lozada la noche de la renuncia presidencial y posteriormente obtuvo asilo político en Estados Unidos.

Durante años, el exministro sostuvo que el proceso judicial en su contra constituyó una persecución política judicializada y cuestionó el origen y desarrollo de las acusaciones derivadas de los acontecimientos de 2003.