El juez Wilson Espada ordenó este viernes la detención preventiva por 180 días del asesor del presidente Rodrigo Paz y ciudadano argentino Fernando Cerimedo, imputado por feminicidio en grado de tentativa dentro de la investigación por el ataque armado contra la abogada y excandidata a diputada Nadia Beller.
Aunque la Fiscalía había solicitado su reclusión en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, el juez dispuso que Cerimedo sea enviado a Palmasola. Una decisión que, más allá de la medida cautelar, abre interrogantes sobre el trato diferenciado que puede recibir un imputado en un caso de alto impacto.
Durante la audiencia, la defensa intentó invalidar la aprehensión y la pericia realizada al teléfono celular de Cerimedo, pero ambos incidentes fueron rechazados.
La Fiscalía y la defensa de Beller sostienen que existen elementos que vincularían al argentino con el atentado. Entre ellos figuran mensajes extraídos de su celular, uno de los cuales, según el abogado Jerjes Justiniano, contiene la frase: “yo creo que hay que buscar la forma de eliminarla”.
La justicia, sin embargo, deberá explicar por qué un imputado al que la Fiscalía consideró merecedor de Chonchocoro termina recluido en Palmasola. El caso Beller deja así una nueva pregunta: ¿la justicia está aplicando el mismo rasero para todos o Cerimedo recibió un beneficio al evitar el penal de máxima seguridad?
