La intervención de YPFB mediante el Decreto Supremo 5697 parece más una “policía administrativa” para revisar, controlar y detectar irregularidades únicamente en el tema de los combustibles que una verdadera reestructuración de la petrolera estatal.
El decreto crea por 180 días, ampliables excepcionalmente por otros 90, una Comisión de Intervención Estatal Extraordinaria de YPFB, integrada por representantes de los ministerios de Economía, Producción, Hidrocarburos, Obras Públicas y del Viceministerio de Transparencia.
Su tarea será revisar la importación, adquisición, almacenamiento, transporte, distribución, comercialización y trazabilidad de combustibles, además de recomendar auditorías e identificar posibles casos de contrabando, desvío, acopio e irregularidades.
Pero el problema de fondo permanece: la norma revisa la gestión, pero no plantea una transformación de la estructura administrativa de YPFB.
La población esperaba una reestructuración profunda, incluyendo la revisión de funcionarios y estructuras heredadas de anteriores gestiones. El decreto, en cambio, otorga a la comisión facultades principalmente de investigación, evaluación y recomendación.
Incluso podrá recomendar la remoción de personal cuando corresponda, pero recomendar no es ejecutar una limpieza administrativa.
Auditorías y responsabilidades
La comisión podrá recomendar auditorías técnico-legales, financieras, administrativas, operativas y logísticas, además de evaluar decisiones que hayan afectado el abastecimiento, la seguridad energética o los recursos del Estado.
Sin embargo, pretender esclarecer en seis meses gestiones acumuladas durante años resulta, cuando menos, ambicioso. Una investigación seria requiere revisar contratos, compras, operaciones financieras y logísticas, además de pasar por las instancias de control correspondientes.
Si se encuentran indicios de responsabilidad, los informes podrán ser remitidos a la Contraloría, el Ministerio Público, la Procuraduría y otras autoridades competentes.
El Gobierno asegura que busca corregir deficiencias, fortalecer los controles e identificar responsabilidades.
Pero la pregunta central sigue vigente: ¿se interviene YPFB para transformarla o solamente para investigarla?
Porque controlar no es reformar. Si al final de los 180 días solo existen informes, recomendaciones y posibles remisiones a otras instituciones, pero la estructura administrativa permanece intacta, la intervención habrá sido poco más que una “policía administrativa” temporal.
