Estados Unidos acaba de lanzar una advertencia que, aunque está dirigida al conjunto del hemisferio, adquiere una particular dimensión en Bolivia: Washington dice que no tolerará la narcopolítica y que utilizará todas las herramientas disponibles contra quienes, desde el poder, protejan o faciliten redes vinculadas al narcotráfico y la corrupción.

“Estados Unidos no tolera la narcopolítica en el hemisferio —y nadie está exento—”, señala el comunicado difundido por la Embajada estadounidense en La Paz.

El pronunciamiento se produce en un momento especialmente delicado para Bolivia. El Gobierno de Rodrigo Paz busca ampliar por otros 90 días el Estado de Excepción, argumentando que el denominado “narcoterrorismo” volvió a adquirir capacidad para generar violencia, conflictos sociales y hechos de sicariato, principalmente en zonas fronterizas.

La decisión deberá pasar por la Asamblea Legislativa este miércoles. Y allí aparece uno de los principales factores de incertidumbre: un Parlamento profundamente fragmentado, con bancadas que responden a sus estructuras políticas originales y legisladores opositores que, en determinadas decisiones, terminan coincidiendo con el Ejecutivo.

La señal de Washington

El mensaje estadounidense no menciona a Evo Morales ni identifica directamente a Bolivia como destinatario de sus sanciones. Sin embargo, su contenido coloca bajo la lupa precisamente a una de las zonas donde el Gobierno boliviano asegura que existe una disputa creciente entre estructuras políticas, movilización social y economías ilegales.

Estados Unidos recordó las recientes sanciones contra exfuncionarios ecuatorianos a quienes responsabiliza de manipular procesos judiciales y electorales para favorecer a redes narcoterroristas. “Estos exservidores públicos manipularon procesos judiciales y electorales para beneficiar a redes narcoterroristas que atentan contra nuestras comunidades”, sostiene el comunicado.

La advertencia va más allá de Ecuador. Washington asegura que investigará y buscará desenmascarar a quienes utilicen sus cargos para facilitar la corrupción gubernamental y el narcotráfico, independientemente de que se trate de legisladores, fiscales, jueces u otros funcionarios.

Ese es el elemento que convierte el comunicado en una señal política relevante para Bolivia.

Evo Morales: justicia, movilización y poder territorial

Mientras Washington endurece su discurso contra la narcopolítica, Evo Morales permanece en el Chapare pese a la orden de aprehensión que pesa en su contra. Su permanencia en esa región se ha convertido en uno de los principales puntos de tensión entre el Gobierno y las organizaciones sociales que respaldan al expresidente.

Un eventual operativo para ejecutar la orden de aprehensión podría desencadenar una reacción de sus seguidores y abrir un nuevo escenario de confrontación. El propio entorno de Morales ha advertido en distintas ocasiones sobre movilizaciones ante cualquier intento de detenerlo.

Al mismo tiempo, el Gobierno sostiene que las organizaciones vinculadas al expresidente podrían utilizar la conflictividad social para impedir operaciones de las fuerzas antidroga y preservar espacios donde se desarrollan actividades ilícitas.

Estas afirmaciones corresponden a la posición del Ejecutivo y requieren ser demostradas mediante investigaciones y pruebas. Pero el dato político es innegable: mientras Morales permanezca en el Chapare, la ejecución de la orden judicial seguirá siendo un potencial detonante de conflicto.

El combustible de la protesta

A la disputa judicial se suma la crisis económica.

El Gobierno de Paz enfrenta la presión de reducir el déficit fiscal y avanzar en compromisos con el Fondo Monetario Internacional. Entre las medidas más sensibles aparece la reducción de las subvenciones estatales, una decisión que podría repercutir nuevamente sobre los combustibles y otros precios regulados.

Ese escenario ofrece a la oposición y a los sectores sociales movilizados un argumento de alto impacto.

El rechazo al FMI, la defensa de la soberanía y la denuncia contra las políticas económicas del Gobierno ya forman parte del discurso utilizado por sectores próximos a Morales.

La movilización de los maestros urbanos registrada este martes, pese a las restricciones del Estado de Excepción, muestra que el malestar social comienza a escapar del control institucional.

Y ese es precisamente el escenario que puede convertirse en combustible político.

Tres crisis que pueden cruzarse

Bolivia se encuentra así ante la posibilidad de que tres conflictos diferentes terminen alimentándose entre sí:

Primero, la crisis económica, con presión sobre combustibles, subvenciones, déficit fiscal y gasto público.

Segundo, la crisis política, expresada en el fraccionamiento de la Asamblea Legislativa y en las disputas dentro de las propias fuerzas que sostienen u obstaculizan al Gobierno.

Tercero, la crisis de seguridad, marcada por las denuncias oficiales sobre narcotráfico, sicariato y “narcoterrorismo”, además de la tensión alrededor del Chapare y la orden de aprehensión contra Morales.

El riesgo está en que estos tres factores terminen confluyendo en las calles.

¿Caída del Gobierno o disputa por la supervivencia política?

En este escenario, las movilizaciones contra Paz pueden ser interpretadas desde dos perspectivas:

Para los sectores movilizados, se trata de una reacción frente a la crisis económica, el costo de vida y las políticas del Gobierno.

Para el Ejecutivo, existe el riesgo de que esas demandas sean utilizadas como plataforma para provocar una crisis de gobernabilidad y forzar un acortamiento de mandato.

Y para Morales, la confrontación tiene además una dimensión personal y política: mantener capacidad de movilización en el Chapare, evitar que una operación policial termine con su detención y conservar un espacio de poder desde el cual disputar el futuro político del país.

La eventual candidatura presidencial de Morales enfrenta obstáculos legales y políticos, por lo que su permanencia territorial y su capacidad de movilización adquieren especial importancia dentro de su estrategia.

No significa que toda protesta contra el Gobierno responda a Morales ni que toda movilización tenga vínculos con el narcotráfico. Esa afirmación requeriría pruebas.

Pero tampoco puede ignorarse que la disputa por el poder, la defensa de Morales frente a la justicia y la presencia de economías ilegales en determinadas zonas del país ocurren simultáneamente.

Continúa atrincherado políticamente en el Chapare

La pregunta que queda abierta es si Bolivia está ante una sucesión de conflictos independientes o frente a la convergencia de una crisis económica, una disputa por el poder y una batalla por el control territorial de zonas donde el narcotráfico tiene capacidad de influencia.

Esa respuesta todavía no está escrita Pero la advertencia de Washington deja una señal inequívoca: en el nuevo escenario regional, quienes mezclen política, corrupción y narcotráfico pueden terminar pagando el costo, aunque ocupen cargos públicos o se encuentren protegidos por estructuras