La injusticia parece haberse instalado en el caso de feminicidio que conmocionó a la población de Guanay. Desde agosto, dos hijos de la víctima y sus respectivas familias permanecen privados de acceder a su vivienda, mientras el proceso judicial se dilata y las actuaciones de la Fiscalía generan creciente indignación ciudadana.
El principal cuestionamiento apunta al fiscal José Luis Chuquimia Ulo, quien se niega a entregar el inmueble a los hijos de la víctima. Los afectados sospechan que detrás de esta negativa podrían existir pagos irregulares para favorecer al acusado, Bernardo Colque Mamani, actualmente detenido preventivamente por seis meses en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro. Estas sospechas deberían ser esclarecidas mediante una investigación.
A la controversia se suma una paradoja que ha provocado indignación: Paola Barriga, quien durante años se presentó públicamente como defensora de las víctimas de feminicidio y protagonizó protestas contra estos crímenes, ahora ejerce la defensa del acusado de feminicidio. Según los denunciantes, la abogada incluso promete sacarlo de Chonchocoro en diciembre.
En esa dirección, la defensa patrocinada por Paola Barriga, solicitó la detención domiciliaria en Caranavi, argumentando que Colque Mamani tiene diabetes como enfermedad de base y que su edad justificaría el cambio de medida cautelar. También pidió una Inspección Técnica Ocular (ITO), actuación que los familiares consideran parte de una cadena de trámites que termina prolongando el conflicto y perjudicando sus derechos.
La molestia ciudadana ya es de conocimiento del fiscal departamental, Gabriel Quiroga, quien este lunes podría designar a un nuevo fiscal en el asiento fiscal de Guanay ante las múltiples denuncias contra Chuquimia Ulo.
La continuidad del funcionario está cuestionada y, según versiones recogidas en la población, habría estado buscando respaldo para permanecer en el cargo, sin conseguir los apoyos necesarios debido a los antecedentes y cuestionamientos que pesan sobre su gestión.
Su eventual salida abre otra preocupación: que deje el caso sin avances sustanciales, sin una investigación debidamente encaminada y sin elementos suficientes para procurar una sentencia condenatoria. Los familiares temen que las dilaciones procesales terminen proporcionando argumentos a la defensa para conseguir la libertad del acusado o sustituir su detención preventiva por una domiciliaria.
La contradicción es difícil de ignorar: mientras los hijos de la víctima llevan meses sin poder ingresar a su vivienda, el acusado busca abandonar Chonchocoro y acceder a una medida menos gravosa. La Fiscalía, entretanto, debe explicar por qué no se resuelve la situación del inmueble y qué avances concretos existen para llevar el caso a juicio.
En Guanay crece la indignación. Después de perder a su madre, los hijos de la víctima no deberían tener que librar otra batalla para recuperar su vivienda y conseguir que el feminicidio no quede atrapado en las dilaciones judiciales.