Categoria: Política
Publicado 18 de noviembre de 2026

El escándalo de corrupción que sacude a la Fiscalía y al sistema judicial, tras las revelaciones del caso Roger Mariaca, vuelve a poner bajo la lupa otros episodios que involucran a operadores de justicia. Esta vez, se reactivan las denuncias por presuntos títulos falsos atribuidos a la UPEA y los supuestos cobros de coimas durante el tratamiento de un proceso contra un consorcio judicial que habría intentado sacar del cargo a la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Fanny Coaquira.

Cuando el proceso parecía encaminado hacia una sentencia condenatoria, los acusados, que actualmente gozan de medidas cautelares, abrieron un nuevo frente judicial contra los abogados que patrocinan a la magistrada paceña y contra la propia autoridad.

El exministro de Justicia César Siles presentó una denuncia penal contra José Luis Apaza Sánchez, uno de los abogados de Coaquira, por el supuesto cobro de $us 50.000 a cambio de gestionar un acuerdo que permitiera a los procesados acceder a una pena mínima mediante una salida alternativa a la cárcel.

Según la denuncia presentada el 10 de noviembre, Apaza habría asegurado tener autorización de Coaquira para negociar el acuerdo. La propuesta consistía en que cada uno de los cuatro imputados pagara $us 25.000 para conseguir una modificación de la calificación penal y beneficiarse con un procedimiento abreviado o un criterio de oportunidad.

Siles sostiene que él y el exvocal Yván Córdoba entregaron $us 25.000 cada uno, pese a que finalmente fueron acusados y ahora esperan la realización del juicio oral.

En su memorial, Siles relata que las negociaciones comenzaron el 5 de marzo, cuando la abogada Zuleyka Marina Lanza, patrocinante de Coaquira, contactó a su defensa para explorar una salida alternativa.

Las reuniones posteriores habrían involucrado a varios abogados de las partes procesadas. En el encuentro del 20 de marzo, Apaza y Sergio Sanjinés habrían planteado el pago de $us 25.000 por cada imputado que pretendiera beneficiarse con el acuerdo.

La denuncia también señala que Lanza expresó sorpresa y molestia por la exigencia económica, asegurando que la magistrada no le había comunicado ninguna condición de esa naturaleza.

Sin embargo, Apaza y Sanjinés habrían insistido en que actuaban por instrucciones de Coaquira y que el pago era innegociable. Incluso, según Siles, advirtieron con activar la detención preventiva y acelerar la acusación si no se aceptaba la propuesta.

El exministro afirma que, presionado por su estado de salud y las amenazas que dice haber recibido, aceptó entregar el dinero. El 23 de marzo, en la oficina de su abogado, se habría concretado el pago de $us 50.000 por parte de Siles y Córdoba.

Para respaldar la supuesta autorización, Apaza habría presentado un documento que atribuyó expresamente a la magistrada.

La nueva denuncia, por presuntos delitos de estafa, uso de instrumento falsificado y agravación en caso de víctimas múltiples, introduce otro elemento de controversia en un proceso que ya tuvo repercusiones políticas de alto nivel.

En junio de 2025, la difusión de un audio sobre un supuesto plan para conseguir la renuncia de Coaquira provocó la salida de César Siles del Ministerio de Justicia y salpicó a los vocales paceños Yván Córdoba y Claudia Castro, además del magistrado suplente del TSJ Iván Campero.

Ahora, el conflicto vuelve a escalar con acusaciones de cobros ilegales que deberán ser investigadas y contrastadas. Mientras Siles atribuye a los abogados de Coaquira la exigencia de dinero, la responsabilidad de la magistrada y la veracidad de la supuesta autorización también están en cuestión. La autoridad no respondió a la consulta de CORREO DEL SUR sobre las nuevas acusaciones.

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