La Paz, noviembre de 2026. — La diputada nacional del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Claudia Bilbao, solicitó formalmente que el presidente y los consejeros del Consejo de la Magistratura sean incluidos en las investigaciones judiciales en curso, tras denunciar presuntas irregularidades relacionadas con la administración de Derechos Reales, supuestos cobros para la designación de cargos y hechos anteriores a su elección.
En declaraciones recogidas por medios de comunicación como la Agencia de Noticias Fides (ANF) y el diario La Razón, la legisladora cuestionó la persistencia de anomalías dentro del Órgano Judicial y exigió que las indagaciones alcancen a las máximas autoridades de la instancia disciplinaria y administrativa de la justicia boliviana.
Exigencia de renuncia e investigación contra Carlos Spencer
El pedido de Bilbao se enmarca en las investigaciones sobre una presunta red de protección al crimen organizado que vincula al exfiscal general Roger Mariaca y al expresidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo. Según declaró la parlamentaria a ANF el pasado 10 de noviembre, el alcance de esta supuesta estructura alcanzaría también al Consejo de la Magistratura, por lo que exigió el alejamiento de su titular, Carlos Spencer.
«Spencer debe dejar el cargo», sostuvo Bilbao ante la prensa, señalando además que varias de las actuales autoridades judiciales habrían recibido favores políticos durante la gestión del Movimiento Al Socialismo (MAS) antes de asumir sus funciones.
Denuncias por cobros irregulares y pedido de pruebas toxicológicas
Previamente, el 6 de noviembre, en declaraciones reportadas por La Razón, la diputada del PDC vinculó directamente a Spencer, junto al consejero Bautista y otra magistrada, con presuntos hechos de corrupción y el cobro de sumas de dinero para la designación de operadores de justicia.
«Ustedes periodistas todos los días ven 20.000 dólares para ser juez, 20.000 dólares para ser fiscal. Eso es corrupción», manifestó la legisladora al fundamentar la necesidad de ampliar las pesquisas hacia el Consejo de la Magistratura y las oficinas de Derechos Reales.
Asimismo, Bilbao planteó que la investigación incluya a todas las personas que sostuvieron reuniones con las autoridades hoy cuestionadas y propuso que los funcionarios judiciales involucrados sean sometidos a pruebas toxicológicas como parte de las medidas de transparencia institucional.