Categoria: Jurídica
Publicado 18 de noviembre de 2026

Miembros de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de La Paz “Túpac Katari” y ejecutivos del directorio de EMPRELPAZ S.A., denunciaron retardación de justicia y presunto encubrimiento en la Fiscalía Departamental de La Paz, debido a que desde hace tres años permanece paralizado un recurso jerárquico que impide llevar a juicio oral al actual gerente general de DELAPAZ, Miguel Ángel Núñez Gaspar, acusado por contratos lesivos al Estado.

En conferencia de prensa, el presidente y el secretario del directorio de EMPRELPAZ, Florentino Ticona y Nelson Guachalla, exigieron que la Fiscalía resuelva el recurso pendiente y permita avanzar hacia el juicio oral. Advirtieron que la falta de resultados genera indignación en las organizaciones campesinas, mientras el principal acusado continúa al frente de la empresa distribuidora de electricidad.

El proceso se originó por la compra de un terreno de 1,2 hectáreas en El Alto, por Bs 1,4 millones, cuyo pago presuntamente habría sido efectuado a una persona que no era propietaria del inmueble. Núñez Gaspar fue acusado formalmente en 2023, cuando ya no ejercía la gerencia de DELAPAZ. La Fiscalía solicitó una condena de diez años de prisión por el delito de contratos lesivos al Estado.

Sin embargo, el proceso no llega a juicio porque desde hace tres años continúa pendiente de resolución un recurso jerárquico relacionado con el sobreseimiento de dos acusados. Para los denunciantes, esta situación constituye una grave retardación de justicia que favorece al principal procesado.

La denuncia también apunta a un presunto conflicto de intereses. Según los representantes de EMPRELPAZ, Núñez Gaspar volvió hace aproximadamente un año a la Gerencia General de DELAPAZ y actualmente ejerce funciones dentro de la misma empresa vinculada al proceso, en el que también figura como acusado, mientras la entidad tiene participación como parte acusadora y víctima.

Los dirigentes consideran que su permanencia en el cargo puede representar un riesgo de obstaculización de la investigación, debido a su capacidad de influencia sobre abogados, auditores y funcionarios de la empresa. Por ello, demandan su destitución y que las autoridades judiciales y fiscales activen los mecanismos legales correspondientes.

Ticona y Guachalla señalaron que hace dos meses hicieron conocer estas denuncias al Viceministerio de Transparencia, los ministerios de Hidrocarburos y de la Presidencia, además de ENDE, pero hasta ahora no recibieron respuestas efectivas.

Las 20 provincias, en emergencia

La advertencia adquiere mayor dimensión porque, según los representantes de EMPRELPAZ, las 20 provincias del departamento de La Paz se encuentran declaradas en estado de emergencia por este caso. Las organizaciones campesinas cuestionan que, pese a la gravedad de las denuncias, la Fiscalía Anticorrupción no haya resuelto durante tres años el recurso que mantiene estancado el proceso.

Los dirigentes anunciaron que el próximo 28 de noviembre podrían reunirse para definir acciones de presión contra la Fiscalía Anticorrupción de La Paz, si hasta entonces no existen señales concretas para destrabar el proceso y encaminarlo hacia el juicio oral.

También rechazaron los supuestos respaldos de algunos ejecutivos provinciales a la continuidad de Núñez Gaspar y ratificaron que no aceptarán que permanezca en la gerencia de DELAPAZ mientras enfrenta un proceso penal.

“No se puede permitir que el principal acusado continúe controlando la empresa mientras el proceso permanece paralizado”, sostuvieron los representantes, al advertir que la movilización de las 20 provincias podría convertirse en una medida de presión si la Fiscalía no responde a sus demandas.

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