La contratación de Anabel Angus por Bs 485.775 como “embajadora de marca” de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL) abrió un debate sobre las prioridades de una empresa estatal que ya lidera el mercado boliviano de telefonía móvil, pero que todavía enfrenta cuestionamientos de sus usuarios por la calidad de sus servicios.
El contrato con la presentadora y figura pública, que contempla actividades publicitarias desde mayo de 2026 hasta 2027, provocó críticas por el destino de casi medio millón de bolivianos en promoción de imagen, en un contexto de dificultades económicas y demandas de mayor inversión en infraestructura, conectividad y atención al cliente.
La pregunta que atraviesa la polémica es sencilla: ¿necesita ENTEL una embajadora para convencer a los bolivianos de contratar sus servicios o necesita demostrar que puede ofrecerles un internet más rápido, estable y eficiente?
Según los datos citados en el debate, ENTEL concentra alrededor del 54% al 55% del mercado móvil, por encima de sus competidoras privadas Tigo y Viva. Esa posición le otorga una ventaja comercial considerable y plantea dudas sobre la urgencia de destinar semejante presupuesto a una figura publicitaria, cuando existen necesidades operativas que afectan directamente a los consumidores.
La Vicepresidencia del Estado cuestionó el monto del contrato y pidió fiscalizar el gasto. La crítica no estuvo dirigida contra Anabel Angus ni contra su trayectoria profesional, sino contra la decisión empresarial de comprometer recursos públicos en una campaña de imagen que, por su costo, exige explicaciones sobre sus beneficios concretos.
Desde la gerencia de ENTEL, ejecutivos como Jorge del Solar defendieron la contratación bajo el argumento de que la empresa compite en un mercado abierto y necesita fortalecer su presencia digital, captar nuevos segmentos de consumidores y proyectar una imagen moderna frente a operadoras privadas como Tigo y Viva.
El argumento comercial tiene una lógica: incluso las empresas líderes necesitan conservar clientes y atraer nuevos usuarios. Sin embargo, esa explicación no resuelve el cuestionamiento central: ¿qué resultados medibles justifican pagar Bs 485.775 por una embajadora de marca cuando la principal demanda de los consumidores es recibir un servicio de calidad?
Anabel Angus tiene una trayectoria reconocida en la televisión boliviana, presencia masiva en redes sociales y una comunidad digital que supera el millón de seguidores en Facebook e Instagram. Su exposición pública puede representar un activo comercial para cualquier empresa. Pero el prestigio de una personalidad no sustituye la calidad de un producto ni resuelve las deficiencias técnicas de una operadora telefónica.
El contrato también recibió respaldo de figuras del medio televisivo. La periodista Jimena Antelo salió en defensa de Angus y cuestionó las críticas dirigidas contra la presentadora, destacando su trayectoria y el valor de su trabajo profesional. Una discusión que, sin embargo, no debería confundirse: nadie cuestiona necesariamente el valor profesional de la contratada, sino la pertinencia y el rendimiento del gasto asumido por una empresa estatal.
ENTEL tiene una ventaja que muchas marcas privadas desearían: cobertura nacional y una participación mayoritaria en el mercado. Su presencia en zonas rurales y lugares donde otras operadoras tienen dificultades para llegar constituye uno de sus principales atributos competitivos. Precisamente por eso, la prioridad debería ser consolidar esa ventaja mediante inversiones que se traduzcan en mejores conexiones, mayor velocidad, menos interrupciones y una atención más eficiente.
El problema es que una campaña publicitaria puede mejorar temporalmente la percepción de una marca, pero no puede corregir una red saturada, solucionar problemas de conectividad ni responder a las quejas de los usuarios. La publicidad vende expectativas; el servicio es el que determina si los clientes permanecen o se marchan.
La administración de una empresa pública tampoco puede evaluarse exclusivamente con los criterios de una compañía privada. Además de competir comercialmente, tiene la responsabilidad de justificar el uso de recursos estatales y demostrar que sus decisiones responden al interés de los usuarios y no solamente a estrategias de posicionamiento corporativo.
Por eso, más allá de la polémica alrededor de Anabel Angus, la discusión debería trasladarse a los resultados de gestión de ENTEL: cuánto invierte en mejorar su infraestructura, qué indicadores tiene sobre la calidad de internet, cómo responde a los reclamos y qué beneficios concretos obtendrán los usuarios a partir de sus campañas publicitarias.