La aprobación en la Cámara de Diputados del crédito de aproximadamente $us 1.900 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI) tiene una dimensión que va mucho más allá del monto del financiamiento. En términos políticos y económicos, representa un primer paso hacia el desmontaje del modelo económico de corte estatista que el MAS mantuvo durante casi dos décadas y que hoy enfrenta una profunda crisis, expresada, entre otros problemas, en la falta de recursos para sostener la subvención estatal a los carburantes.

Por eso, reducir la decisión a la aprobación de un nuevo crédito sería quedarse en la superficie. Lo que está en juego es la señal que Bolivia está enviando a los mercados, a los organismos financieros internacionales y a los inversionistas: el país comienza a girar hacia un modelo económico menos dependiente del Estado y más abierto a las reglas del mercado y al capital privado.

Ese es probablemente el verdadero significado político de la operación.

DEL MODELO AZUL A LA ECONOMÍA DE MERCADO

Durante los gobiernos del MAS se consolidó un modelo basado en una fuerte presencia estatal en la economía, empresas públicas, subsidios, controles y una amplia política de transferencias y bonos sociales. Mientras existieron ingresos extraordinarios provenientes de los hidrocarburos, ese esquema pudo sostenerse.

El problema apareció cuando se agotaron las reservas, disminuyeron los ingresos fiscales y aumentó la necesidad de importar combustibles. El Estado comenzó a gastar más de lo que podía generar y la crisis terminó trasladándose a las reservas internacionales, al déficit fiscal, al abastecimiento de dólares y, finalmente, a la capacidad de mantener las subvenciones.

El crédito del FMI aparece precisamente en ese momento de agotamiento.

No se trata solamente de conseguir dinero fresco. Se trata de aceptar un conjunto de reglas y compromisos que empujan al Estado boliviano hacia una transformación de su política económica.

La lógica es sencilla: si el Estado ya no tiene capacidad para financiarlo todo, tendrá que dejar de hacerlo.

Y allí comienza a quebrarse el denominado modelo económico azul.

EL FMI COMO PUERTA DE ENTRADA A OTRO MODELO

La llegada del FMI también tiene una lectura geopolítica. Bolivia busca recuperar la confianza internacional después de varios años de aislamiento financiero y de una relación distante con organismos multilaterales y con Estados Unidos.

El Fondo puede convertirse en una especie de certificado de confianza para otros acreedores e inversionistas. Si Bolivia cumple sus compromisos y avanza en las reformas económicas anunciadas, podría abrirse la posibilidad de acceder a nuevos financiamientos y, sobre todo, de recuperar credibilidad frente a los mercados.

En ese sentido, el crédito puede ser entendido como una puerta de entrada a una nueva relación económica internacional.

No significa que el FMI vaya a gobernar Bolivia ni que automáticamente desaparezca el modelo estatal. Significa que el margen para mantener determinadas políticas económicas sin corregir sus desequilibrios será cada vez menor.

La disciplina fiscal, el control de la inflación, la reducción del déficit, la racionalización del gasto público y una mayor participación del sector privado aparecen como componentes inevitables de esa transición.

EL COSTO SERÁ SOCIAL

Pero cambiar de modelo no será gratuito.

La parte más difícil de esta transformación estará en el bolsillo de los bolivianos. La eliminación o reducción progresiva de subsidios significa que productos y servicios que durante años tuvieron precios artificialmente bajos deberán acercarse a sus costos reales.

El combustible es el ejemplo más evidente. Pero la presión puede extenderse a la energía, transporte, alimentos y otros bienes que dependen directa o indirectamente de subvenciones estatales.

En otras palabras, la economía dejará de ser amortiguada por el Estado y una parte mayor del costo será trasladada a los ciudadanos y a las empresas.

Todos tendrán que bailar con su propio pañuelo.

Por eso, la transición requerirá necesariamente políticas sociales capaces de amortiguar el golpe. Los bonos y programas de protección social pueden convertirse en el principal mecanismo para evitar que el ajuste económico termine provocando una crisis social de mayores dimensiones.

El Estado, en ese escenario, no desaparecerá. Cambiará de función.

Dejará progresivamente de ser productor, empresario y subsidiador universal para concentrarse en regular, redistribuir y proteger a los sectores más vulnerables.

UN ESTADO MÁS PEQUEÑO Y UN SECTOR PRIVADO MÁS GRANDE

La nueva orientación económica supone también redefinir la relación entre Estado y empresa privada.

Si el objetivo es reducir el déficit y recuperar la estabilidad fiscal, el Gobierno tendrá que disminuir el tamaño y el costo de la administración pública, revisar empresas estatales deficitarias y limitar el crecimiento del gasto corriente.

El desarrollo económico tendría que descansar cada vez más en la inversión privada, la producción, las exportaciones y la generación de empleo, mientras el Estado se concentra en establecer reglas claras y garantizar su cumplimiento.

Pero para que ese modelo funcione existe una condición fundamental: seguridad jurídica.

La inversión extranjera difícilmente llegará de manera significativa si los capitales perciben riesgos políticos, regulatorios o jurídicos. De allí que entre las reformas de fondo pueda aparecer también el debate sobre la apertura de Bolivia al arbitraje internacional y sobre eventuales modificaciones constitucionales destinadas a ofrecer mayores garantías a la inversión.

No se trata de un asunto menor. Cambiar esas reglas significaría modificar parte del marco institucional construido durante el ciclo político del MAS.

Menos déficit, menos inflación y más disciplina

El otro componente central será la disciplina macroeconómica.

Bolivia necesita reducir su déficit fiscal, controlar la inflación, recuperar reservas y ordenar sus cuentas públicas. Eso implica necesariamente revisar el nivel de gasto estatal y la capacidad del Gobierno para seguir financiando subsidios y programas sin respaldo suficiente de ingresos.

El desafío será encontrar el equilibrio.

Un ajuste demasiado rápido puede provocar desempleo, inflación y conflictividad social. Un ajuste demasiado lento puede prolongar la crisis y obligar al Estado a endeudarse cada vez más.

Por eso, probablemente el Gobierno opte por una transformación gradual, acompañada de medidas sociales destinadas a reducir el impacto sobre la población.

Bolivia ya conoce el shock

Bolivia no enfrentará por primera vez una política de ajuste.

La experiencia del Decreto Supremo 21060, en 1985, demostró que una economía puede ser sometida a un cambio brusco de reglas cuando el modelo anterior entra en crisis.

La diferencia es que esta vez el proceso podría desarrollarse de manera más gradual.

El país puede estar ingresando a una especie de política de shock administrada, en la que las medidas de ajuste se aplican progresivamente y son acompañadas por bonos, programas sociales y otras medidas destinadas a contener el costo político y social.

Primero puede ser el combustible. Después vendrán otras áreas donde el Estado tendrá que reducir su presencia, eliminar distorsiones y dejar que los precios respondan en mayor medida a las condiciones del mercado.

La velocidad y profundidad de ese proceso dependerán, finalmente, de la capacidad política del Gobierno de Rodrigo Paz para sostenerlo.

El verdadero significado de los $us 1.900 millones

Por eso, la aprobación del crédito del FMI no debería ser leída solamente como la llegada de $us 1.900 millones a las arcas públicas.

Su importancia está en lo que puede venir después.

Si el Senado sanciona la norma y el Gobierno cumple las condiciones y compromisos asociados al financiamiento, Bolivia podría quedar habilitada para buscar nuevos créditos y recuperar gradualmente el acceso a otras fuentes de financiamiento internacional.

Pero esos recursos no resolverán por sí solos la crisis.

El dinero permitirá ganar tiempo.

LAS REFORMAS DEFINIRÁN EL FUTURO.

El Gobierno tendrá que decidir cuánto reduce el tamaño del Estado, cuánto elimina las subvenciones, cuánto abre la economía al sector privado y qué mecanismos utilizará para proteger a los sectores más vulnerables.

En ese proceso, el país podría estar dejando atrás, de manera gradual, el modelo económico construido por el MAS durante casi 20 años.

Por eso, el crédito del FMI puede ser apenas el primer paso.

La verdadera transformación comenzará cuando el Estado deje de intentar sostener artificialmente una economía que ya no puede financiar y empiece a transferir una parte creciente de esa responsabilidad al mercado y al sector privado.

Ese es el cambio estructural que está detrás de los $us 1.900 millones.

Y ese cambio, más que el crédito mismo, es el que puede marcar el comienzo del fin del modelo económico azul.