El denominado caso Maletas vuelve a poner en entredicho la capacidad de la Fiscalía y la Justicia para esclarecer uno de los mayores escándalos que salpicó al Gobierno de Rodrigo Paz. La principal sindicada, la exdiputada Laura Rojas, obtuvo la detención domiciliaria sin custodia policial, una decisión que genera nuevas interrogantes sobre la solidez de la investigación y el futuro del proceso.
Rojas cumplió el periodo de detención preventiva y la Justicia modificó sus medidas cautelares. La exdiputada deberá pagar una fianza de Bs 50.000, cumplir arraigo, presentarse semanalmente ante el Ministerio Público y tiene prohibido comunicarse con testigos y coimputados. También deberá permanecer en su domicilio entre las 22:00 y las 06:00.
La decisión es cuestionada por el exdiputado Amílcar Barral, quien había advertido sobre el riesgo de que los principales investigados accedan a medidas sustitutivas. El exlegislador también observó la lentitud de las investigaciones y alertó que la falta de resultados concretos puede terminar debilitando el proceso.
El caso mantiene además una interrogante central sin respuesta: ¿qué contenían las 32 valijas que llegaron en un vuelo chárter a Viru Viru? La exdiputada es considerada una de las principales sindicadas y se abstuvo de explicar el contenido de las maletas, alimentando las especulaciones sobre un posible cargamento de droga, dólares o armas.
La investigación apunta al presunto ingreso irregular de sustancias controladas al país mediante un vuelo chárter que arribó a Viru Viru el 29 de noviembre de 2025. Posteriormente, según la Fiscalía, fueron encontrados cerca de 80 kilos de marihuana y armas en galpones de una empresa de seguridad en Santa Cruz.
Mientras el misterio sobre las maletas continúa sin resolverse, la principal sindicada abandona la cárcel y pasa a cumplir detención domiciliaria. Para Barral, el caso refleja un problema mayor: “la política se ha judicializado y la justicia se ha politizado”. La modificación de las medidas cautelares vuelve a poner bajo la lupa a una Justicia que, en lugar de avanzar hacia el esclarecimiento de los hechos, parece retroceder en un caso que exige respuestas.