La Defensoría del Pueblo alertó sobre el escenario de riesgo que enfrenta Bolivia ante la eventual ocurrencia del fenómeno climático denominado “Super Niño” y el incremento de las condiciones que podrían favorecer la propagación de incendios forestales.

La institución, en el marco de su mandato constitucional de protección y defensa de los derechos humanos, expresó su preocupación por los posibles efectos de estos eventos y pidió a las autoridades priorizar las acciones de prevención y preparación ante posibles emergencias.

La Defensoría valoró la activación del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) y de las Mesas Técnicas Sectoriales convocadas por el Viceministerio de Defensa Civil, al considerar que constituyen mecanismos esenciales para la coordinación entre las diferentes instituciones. Sin embargo, advirtió que la respuesta del Estado no debe limitarse a atender las emergencias una vez que estas ocurran, sino que debe anticiparse a los riesgos.

“La prevención resulta sustancialmente menos costosa que la atención y reconstrucción posterior”, señaló la institución, al advertir que los fenómenos climáticos extremos y los incendios pueden provocar pérdidas irreparables de vidas humanas, medios de subsistencia, infraestructura, biodiversidad y ecosistemas estratégicos.

En ese sentido, planteó que la inversión pública debe orientarse a fortalecer la gestión integral del riesgo, los sistemas de alerta temprana, el monitoreo permanente y la preparación de los servicios públicos esenciales, además de priorizar la protección de las poblaciones que se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad.

Asimismo, en referencia al Boletín de Alerta de Riesgo Nacional de Propagación de Incendios Forestales N.º 21/26, la Defensoría exhortó a las autoridades nacionales, departamentales y municipales de las zonas bajo alerta a activar de inmediato sus Comités de Operaciones de Emergencia, ejecutar sus planes de contingencia y reforzar la vigilancia territorial.

También pidió garantizar el cumplimiento de la prohibición de quemas y chaqueos establecida por la normativa vigente, ante el riesgo de una mayor propagación de incendios forestales.

La institución recordó que los incendios y los eventos climáticos extremos pueden afectar gravemente derechos fundamentales como la vida, la salud, el acceso al agua, la alimentación, la vivienda, el territorio y el derecho a un medio ambiente sano.

Advirtió que estos impactos pueden ser aún más severos para niñas, niños, personas adultas mayores, pueblos indígena originario campesinos, comunidades rurales y otros sectores en situación de vulnerabilidad.

Finalmente, la Defensoría del Pueblo convocó a la ciudadanía a asumir una corresponsabilidad activa en la prevención de incendios, evitando prácticas de riesgo, denunciando oportunamente los focos de calor y colaborando con las acciones de las autoridades competentes.

La institución anunció que mantendrá un monitoreo permanente sobre el cumplimiento de las obligaciones estatales en materia de prevención, preparación y respuesta, bajo la premisa de que la protección de la vida, los derechos humanos y la Madre Tierra exige actuar de manera anticipada.