La Paz, 21 octubre de 2026. Un inédito esquema de conflicto de intereses e impunidad institucional ha quedado al descubierto en el sector energético estatal. Miguel Ángel Núñez Gaspar, actual Gerente General de la Empresa Distribuidora de Electricidad La Paz S.A. (DELAPAZ), ejerce el mando absoluto de la empresa estatal en calidad de parte víctima y querellante, mientras de manera simultánea enfrenta un juicio penal en su contra como el principal acusado por la presunta comisión del delito de Contratos Lesivos al Estado, una causa que compromete un daño económico irreversible de Bs 1.392.000,00.
El origen del caso: Compra irregular y falsificación (2020) Los antecedentes se remontan a la gestión 2020, periodo en el que Núñez Gaspar se desempeñaba como Gerente General a.i. de DELAPAZ. En dicho ejercicio, el ejecutivo instruyó con carácter «urgente» y suscribió la Minuta de Compraventa de fecha 15 de octubre de 2020 para la adquisición de un terreno destinado a almacenes en la Urbanización María de Urkupiña de la ciudad de El Alto.
La operación se concretó omitiendo severas alertas legales y técnicas: el predio contaba con una prohibición explícita de innovar y contratar a favor del Banco BISA S.A. Asimismo, las investigaciones posteriores demostraron que el supuesto vendedor, Rodrigo Bernardo Cardozo Vacaflor, no era el legítimo propietario y empleó documentación presuntamente falsa para hacerse del pago en efectivo mediante cheque, generando un perjuicio patrimonial no recuperable para la empresa pública.
Acusación formal y pena de hasta 10 años
Tras su desvinculación, el proceso penal fue impulsado por la propia Unidad de Transparencia de DELAPAZ, derivando en la investigación de la Fiscalía Especializada Anticorrupción. El proceso culminó en la emisión de la Resolución Fundamentada de Acusación Formal No. 09/2024 (Caso No. 20110202202934), formulada por el Fiscal de Materia Dr. José Alberto Rodríguez Mollinedo.
En dicho actuado judicial, la Fiscalía solicitó la apertura de Juicio Oral, Público y Contradictorio y la pena máxima de hasta 10 años de privación de libertad para Núñez Gaspar por el delito de Contratos Lesivos al Estado (Art. 221 del Código Penal), además de la reparación integral de daños e inhabilitación para el ejercicio de la función pública.
El retorno al cargo y el padrinazgo político Pese a contar con una acusación formal activa a la espera de juicio oral, Núñez Gaspar retornó sorpresivamente al mismo despacho de la Gerencia General de DELAPAZ en el actual gobierno de Rodrigo Paz.
Según fuentes del sector energético, la restitución del procesado responde a una recomendación directa de Jaime «Jaimiño» Paz Pereira, hermano del primer mandatario.
Esta situación coloca a Núñez Gaspar en una posición sin precedentes dentro del derecho procesal y la administración pública: desde la Gerencia General instruye y administra a los abogados corporativos, auditores e instancias técnicas de DELAPAZ que deben sostener la acusación particular y exigir la devolución del dinero en el juicio donde él mismo figura como el principal imputado.
Silencio cómplice de Transparencia e Hidrocarburos
El escándalo de incompatibilidad y eventual obstaculización de la justicia ya fue puesto en conocimiento de las máximas autoridades del área.
La empresa EMPRELPAZ formalizó la denuncia correspondiente ante el Ministerio de Hidrocarburos y Energías, así como ante el Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, liderado por Yamil García («Zar Anticorrupción»).
Sin embargo, a pesar de la gravedad de los hechos denunciados y el riesgo inminente de viciar la defensa de los intereses patrimoniales del Estado, ni el Ministerio ni el Viceministerio de Transparencia han adoptado medidas preventivas, acciones cautelares ni procesos administrativos hasta la fecha.
Pedido de destitución sin eco
La Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de La Paz “Túpac Katari” solicitó al Ministerio de Hidrocarburos la renuncia del ejecutivo de DELAPAZ, Miguel Ángel Núñez Gaspar. Según la organización sindical, el funcionario también figura como principal denunciado y único condenado en un proceso civil que ordena la devolución del área de operaciones de EMPRELPAZ S.A.
Sin embargo, el ministro Marcelo Blanco habría dejado sin respuesta la petición sindical. La dirigencia atribuye esta inacción al supuesto respaldo político que Núñez Gaspar recibiría del hermano del presidente Rodrigo Paz Pereira, una relación que, de acuerdo con la denuncia, estaría frenando decisiones sobre su continuidad en el cargo.
Los dirigentes también hicieron conocer al zar anticorrupción que, a su criterio, Núñez estaría impedido de ejercer funciones por un presunto conflicto de intereses, en aplicación del artículo 310, numeral 2, del Código de Comercio. Núñez fue posesionado el 18 de noviembre de 2025 por el entonces ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli.
Otro cuestionamiento apunta a la Fiscalía Departamental de La Paz. La dirigencia sindical cuestiona que, pese a existir una acusación formal, no se active el juicio oral contra los procesados, entre ellos Miguel Ángel Núñez Gaspar.
La organización lo acusa de obstaculizar un acuerdo para restituir a EMPRELPAZ la red eléctrica rural que fue intervenida por el gobierno de Evo Morales hace 13 años. Los denunciantes exigen que las autoridades expliquen por qué el proceso no avanza y que se establezcan las responsabilidades que correspondan, sin privilegios ni protección política.
