La hermana del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset retornará al penal cruceño cuando reciba el alta médica. La decisión se conoce en medio de la reestructuración del Ministerio Público, tras la detención del fiscal general Roger Mariaca y las investigaciones por presunta corrupción y legitimación de ganancias ilícitas que alcanzan a fiscales.

La justicia revocó este lunes la detención domiciliaria que favorecía a Tatiana Marset, hermana del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, y dispuso que vuelva al penal de Palmasola, en Santa Cruz, por incumplir las condiciones impuestas para acceder a ese beneficio, según informó el fiscal Iván Ortiz.

La decisión reactiva la detención preventiva de Marset, investigada por el presunto delito de tráfico de armas. Su retorno al recinto penitenciario se concretará una vez que reciba el alta médica del centro hospitalario donde permanece internada.

Tatiana Marset obtuvo la detención domiciliaria en julio y salió de prisión en agosto. La medida le permitía salir durante el día para estudiar Derecho, pero debía cumplir arresto domiciliario entre las 20:00 y las 06:00 del día siguiente, bajo escolta policial.

La Fiscalía solicitó revocar el beneficio después de reportarse presuntos incumplimientos de los horarios y las condiciones establecidos por el juez.

“Se ha considerado todo lo que está en el informe de los policías, por el incumplimiento de la señora ante las medidas que le había otorgado el juez, que era salir a trabajar y no otras situaciones”, explicó Ortiz.

La audiencia para tratar la revocatoria estaba prevista inicialmente para el 12 de octubre, pero fue suspendida debido a problemas de salud comunicados por la defensa de la acusada.

El fiscal señaló que el proceso se encuentra en etapa preparatoria y que se busca llegar a una sentencia “a la brevedad posible”.

La decisión llega en medio de la crisis del Ministerio Público

La revocatoria del beneficio se conoce en un momento de cambios y cuestionamientos en la Fiscalía General del Estado, tras la detención de Roger Mariaca y el relevo de autoridades en fiscalías departamentales, en el marco de investigaciones por presuntos hechos de corrupción y legitimación de ganancias ilícitas.

Las pesquisas sobre funcionarios del Ministerio Público han puesto bajo escrutinio la actuación de fiscales y la respuesta institucional frente a casos vinculados con organizaciones criminales.

En ese contexto, el caso de Tatiana Marset vuelve a situar bajo atención las decisiones judiciales sobre medidas cautelares para personas investigadas por delitos relacionados con el entorno del narcotráfico.

La revocatoria, sin embargo, responde a los presuntos incumplimientos de las condiciones de su detención domiciliaria y no constituye por sí misma una declaración de culpabilidad por el delito de tráfico de armas que se le atribuye.