El presidente denunció que su familia está expuesta a represalias por las decisiones asumidas contra el narcotráfico y advirtió que las amenazas del crimen organizado también ponen en peligro a jueces, especialmente en las zonas fronterizas.

Así reconoció este lunes que las decisiones de su Gobierno contra el narcotráfico exponen a su familia a posibles represalias, en un contexto de amenazas atribuidas a organizaciones criminales.

“Mi familia tiene el riesgo por haber tomado decisiones contra los Marset, contra los criminales de alta alcurnia”, afirmó durante el acto de promulgación de la Ley de Prescripción y Consolidación de Depósitos Judiciales, en referencia al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset y otros grupos delictivos.

Paz trasladó la preocupación al sistema judicial y advirtió que las amenazas pueden condicionar las decisiones de los jueces, sobre todo en regiones fronterizas, donde algunos operadores de justicia trabajan en condiciones de vulnerabilidad.

“Cuando el juez se encuentra indefenso […] solo con la amenaza ya tienen el temor y es verdad, eso ocurre en Bolivia”, sostuvo.

El mandatario describió el mecanismo de presión que, según dijo, utilizan las organizaciones criminales para torcer las decisiones judiciales: “Hacé la sentencia que quiero que hagas porque si no tu vida corre peligro”.

Para Paz, esa realidad representa un desafío para el Estado, porque las amenazas del crimen organizado no pueden convertirse en un mecanismo para controlar los fallos judiciales.

“Eso es lo que tenemos que combatir, porque no puede ser que la amenaza del crimen organizado sea la que dicte las sentencias en Bolivia”, manifestó, al pedir que los jueces puedan ejercer sus funciones con libertad y protección.

“Ustedes tienen que sentirse libres, defendidos”, dijo ante las autoridades judiciales.

Paz denuncia amenazas tras captura de un capo criminal

La semana pasada, el presidente denunció que recibió amenazas de muerte después de la captura de un presunto líder vinculado al Primer Comando de la Capital (PCC), organización criminal de origen brasileño.

En ese contexto, cuestionó las debilidades institucionales para proteger a la población y garantizar que la ley se aplique sin presiones del crimen organizado.

“En Bolivia nos hemos acostumbrado a que no hayan instituciones de la ley, que no hayan instituciones que protejan a su pueblo, que no hayan instituciones como el Ministerio Público”, afirmó.

No obstante, reconoció que existen fiscales y jueces que, pese a las dificultades, intentan cumplir con sus responsabilidades.

Las declaraciones del mandatario ponen en primer plano los riesgos de seguridad que enfrentan las autoridades y los operadores judiciales en la lucha contra las organizaciones criminales, así como el desafío de garantizar que las amenazas no interfieran en las decisiones del sistema de justicia.