La Paz, 19 de octubre de 2026.- ¿Qué dinero de los depósitos judiciales pasará al Estado y en qué plazo? El presidente Rodrigo Paz Pereira promulgó este lunes la Ley de Prescripción y Consolidación de Depósitos Judiciales, que establece un plazo de cinco años para consolidar esos recursos a favor del Estado, una vez cumplidas las condiciones previstas en la norma.
La ley comprende depósitos judiciales por concepto de multas, garantías y otros recursos que no sean reclamados dentro de ese periodo, contado desde la notificación a las partes interesadas. Sin embargo, no todos los depósitos están sujetos a esta disposición: quedan excluidos los correspondientes a beneficios sociales, asistencia familiar y otros protegidos por la Constitución Política del Estado y las leyes vigentes.
La promulgación se realizó en Palacio Quemado, con la participación de autoridades del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que impulsó la iniciativa como parte de un paquete de reformas destinado a mejorar el funcionamiento de la administración de justicia.
¿Qué depósitos prescriben y cuáles están excluidos?
Los que pueden prescribir: depósitos por multas, garantías y otros conceptos judiciales comprendidos en la ley, cuando transcurran cinco años desde la notificación a las partes interesadas y se cumplan los requisitos legales.
Los que están protegidos: depósitos vinculados con beneficios sociales, asistencia familiar y otros recursos cuya protección esté establecida en la Constitución o en leyes vigentes.
¿Desde cuándo se cuentan los cinco años? El plazo señalado por la norma comienza con la notificación a las partes interesadas, no simplemente desde la fecha en que se efectuó el depósito.
La aplicación concreta dependerá de las condiciones y procedimientos establecidos en la ley. La prescripción no debe interpretarse como una autorización para disponer indiscriminadamente de cualquier dinero depositado en procesos judiciales.
Recursos para modernizar la justicia
El presidente del TSJ, Romer Saucedo Gómez, afirmó que los recursos consolidados permitirán financiar medidas orientadas a combatir la corrupción y mejorar el servicio judicial.
“Los recursos de la ley que acaba de promulgar, Presidente, se basan en tres ejes: tecnología, infraestructura y apoyo jurisdiccional para desconcentrar la carga en el trabajo que desarrollan los jueces”, sostuvo.
Saucedo agradeció la coordinación con los órganos Ejecutivo y Legislativo y calificó la promulgación como un hito para avanzar hacia una nueva gestión judicial en Bolivia.
Por su parte, el presidente Rodrigo Paz anunció que gestiona recursos de cooperación internacional para impulsar reformas en el sistema judicial. “Sumemos ese esfuerzo y cerremos de una vez por todas, con los recursos frescos que vamos a tener, una gran reforma del sistema judicial”, manifestó.
Primera ley de un paquete de reformas
La norma promulgada es la primera de un conjunto de proyectos que el Órgano Judicial presentó en marzo de este año. Las otras iniciativas buscan modificar la Ley 044 para garantizar la doble instancia en los juicios de responsabilidades; reformar la Ley 025 del Órgano Judicial para asegurar su independencia financiera y presupuestaria, e impulsar una ley de financiamiento para la modernización tecnológica del sistema de justicia.
Con esta promulgación, el Gobierno y el TSJ abren una nueva etapa en su agenda de reformas judiciales, con el desafío de convertir los recursos disponibles en mejoras concretas para jueces, litigantes y ciudadanos.
