El presidente Rodrigo Paz lanzó una señal directa y sin matices: el Estado boliviano ha retomado el control frente al crimen organizado y la corrupción. Lo hizo al referirse al caso del narcotraficante Sebastián Marset, cuya captura y posterior extradición a Estados Unidos fue presentada como una muestra concreta de que el Gobierno está dispuesto a actuar con firmeza.

“Ya vieron el caso de Marset”, sostuvo el mandatario, al recordar la detención de uno de los hombres más buscados de la región.

Según dijo, el hecho no solo representa un golpe al narcotráfico, sino también el inicio de una cadena de revelaciones, ya que el implicado estaría proporcionando información sobre sus presuntos cómplices.

“No nos ha temblado el pulso”, remarcó, en un mensaje que apuntó tanto a estructuras criminales como a redes de corrupción.

La captura de Marset, ejecutada el 13 de febrero en Santa Cruz, y su inmediata expulsión a Estados Unidos, donde enfrenta procesos judiciales, fue presentada como una acción coordinada que busca restablecer la autoridad del Estado. Para el Gobierno, este caso simboliza el fin de la impunidad en delitos de alto impacto, particularmente aquellos vinculados al narcotráfico transnacional.

Pero el mensaje presidencial no se limitó al crimen organizado. Paz extendió la advertencia hacia el ámbito interno, asegurando que la misma firmeza se aplicará contra hechos de corrupción. “No nos ha temblado el pulso para meter a los criminales, narcotraficantes, terroristas y corruptos a la cárcel”, afirmó, marcando una línea de acción que busca abarcar tanto amenazas externas como internas.

En ese contexto, el nombre de Marcelo Arce Mosqueira vuelve a aparecer en el escenario público. El investigado está vinculado, junto a su padre y sus hermanos Rafael y Camila, a indagaciones por créditos millonarios, adquisición de bienes inmuebles y vehículos de alta gama que, según autoridades, no guardan relación con su perfil económico. Para el Gobierno, estos casos forman parte de una estructura que también debe ser desmantelada.

El presidente insistió en que estas acciones buscan enviar una señal clara: Bolivia apunta a recuperar la institucionalidad y generar condiciones de confianza, especialmente en sectores estratégicos donde se promueven inversiones.

En ese marco, la lucha contra el narcotráfico y la corrupción se plantea no solo como una política de seguridad, sino como un pilar para reconstruir la autoridad del Estado y cerrar espacios a redes ilegales.