La aprobación de la Ley 157 de conversión voluntaria de pequeña a mediana propiedad marca un punto de inflexión en la política agraria boliviana. Más que una norma técnica, se configura como una apuesta política del gobierno de Rodrigo Paz para desmontar estructuras históricas de poder vinculadas al Movimiento Al Socialismo (MAS) y al liderazgo de Evo Morales, especialmente en el mundo rural organizado.

El prometido “capitalismo para todos” comenzó por el campo. El 8 de abril de 2025, Paz se fue a la inauguración de la Agropecruz 2026 en Santa Cruz y dio como regalo a los grandes agroindustriales dos leyes: la Ley 157, que autoriza al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) a convertir la pequeña propiedad titulada en mediana, y la ley contra el abigeato (robo o hurto de ganado).

El eje central de la Ley 157 redefine la relación entre tierra, comunidad y mercado. En palabras del senador Branko Marinkovic, principal impulsor de la norma: “Yo no quiero hacer revolución agraria, yo quiero hacer libertad agraria. Que sea libre el campesino”. Esta declaración sintetiza el espíritu de la ley: sustituir el modelo colectivo-comunitario por uno de decisión individual y racionalidad económica.

Pero el planteamiento del senador va más allá del campo productivo y entra en abierta confrontación con otros actores del sistema rural. En la misma línea, Marinkovic fue aún más directo al referirse a las organizaciones no gubernamentales en su entrevista con Erbol: “los únicos que se van a morir son los vagos de las ONG”, «turba de vagos», dejando en claro que la ley también busca reducir la influencia de estas instituciones en el ámbito agrario.

Cómo influirá en los sindicatos agrarios

La Ley 157 introduce una tensión estructural en el rol histórico de los sindicatos campesinos, que durante décadas han funcionado como órganos de control territorial, cohesión política y garantía de la función social de la tierra.

1. Pérdida de control colectivo sobre la tierra
El paso de pequeña a mediana propiedad desplaza el eje desde la función social hacia la Función Económica Social (FES). Esto implica que la tierra deja de estar sujeta al control comunitario y pasa a regirse por criterios de productividad y acceso a financiamiento. En consecuencia, la autoridad sindical sobre el uso y destino del territorio se debilita.

2. Riesgo de fragmentación interna
Dado que la conversión es voluntaria, se abre una brecha entre productores que opten por hipotecar y capitalizar sus tierras y aquellos que prefieran mantener el modelo comunitario. Esta dualidad puede generar conflictos internos en sindicatos, especialmente en regiones como La Paz, Santa Cruz, la Chiquitanía y el Chaco, donde la presión por cambiar de modelo será progresiva pero constante.

3. Fin del “blindaje” territorial
Uno de los pilares del sistema sindical era la inembargabilidad de la pequeña propiedad. Con la nueva ley, ese blindaje desaparece: las tierras convertidas pueden ser objeto de embargo por deudas bancarias. Esto reduce la capacidad del sindicato de garantizar la permanencia de la tierra dentro de la comunidad.

4. Nuevos focos de conflicto
La necesidad de certificaciones técnicas para acceder a la conversión puede derivar en disputas de linderos. Los sindicatos pasarán de ser actores políticos a mediadores técnicos en conflictos de delimitación, alterando su naturaleza organizativa.

En síntesis, la Ley 157 empuja a los sindicatos a una transición compleja: de estructuras de control político-comunitario a espacios de coexistencia entre intereses individuales, con el consiguiente debilitamiento de su cohesión histórica.

Cómo influirá en las ONGs

Para las ONGs, la ley representa un desafío directo a su rol tradicional de apoyo técnico, defensa territorial y promoción de modelos alternativos de desarrollo.

1. De apoyo técnico a resistencia jurídica
Organizaciones como Fundación TIERRA y CEJIS ya han calificado la norma como “agresiva” y contraria a la Constitución. Su primera reacción ha sido articular recursos de inconstitucionalidad, argumentando que se vulnera el carácter inembargable de la pequeña propiedad.
Además, han comenzado a difundir informes técnicos que cuestionan el alcance del beneficio: el 74% de las pequeñas propiedades en Bolivia son minifundios, muchos de los cuales no cumplen requisitos para acceder a crédito, lo que debilita el discurso oficial de inclusión financiera masiva.

2. Reorientación hacia la educación financiera crítica
Ante el riesgo de endeudamiento y pérdida de tierras, las ONGs están reconfigurando sus programas hacia la capacitación preventiva. Esto incluye explicar los riesgos de hipotecar patrimonio familiar y advertir sobre procesos de “reconcentración” de tierras en manos de actores con mayor capacidad económica.

3. Articulación de bloques de incidencia
Más de 50 organizaciones, entre ellas CIPCA, Fundación Solón y la Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático, han conformado alianzas para responder de manera coordinada. Sus acciones se centran en la denuncia internacional por falta de consulta previa y en el monitoreo de instituciones como el INRA, especialmente ante procesos de conversión que pueden realizarse en plazos de hasta 10 días.

4. Cambio del enfoque territorial al productivo
La ley impulsa un modelo agroindustrial que choca con las propuestas de economía sostenible promovidas por las ONGs. Esto es particularmente sensible en regiones donde el bosque genera ingresos significativos (castaña, asaí, cacao silvestre). La presión por desmontes podría incrementarse, generando tensiones ambientales y sociales.

5. Aumento de la demanda legal y técnica
El nuevo marco abre múltiples frentes de litigio en torno a la FES. ONGs jurídicas deberán asistir a comunidades para demostrar que actividades tradicionales también cumplen criterios productivos, evitando la reversión de tierras.

En conjunto, la ley obliga a las ONGs a pasar de un rol de acompañamiento a uno de defensa activa del régimen agrario constitucional, en un contexto que perciben como el inicio de una “mercantilización” de la tierra.

El trasfondo político: la visión de Marinkovic

El discurso de Marinkovic no solo es económico, sino ideológico. Al afirmar que con la ley “los únicos que se morían son los ‘vagos de las ONG’”, plantea una confrontación directa con el entramado institucional y social que sostuvo el modelo agrario del MAS.

Desde su perspectiva, la ley rompe con lo que considera una estructura de dependencia: campesinos subordinados a sindicatos politizados y ONGs que operan como intermediarios. La “libertad agraria” que propone busca trasladar el poder de decisión al individuo, aun a costa de debilitar las redes colectivas.

RIESGOS

La Ley 157 no es simplemente una reforma agraria técnica, sino una reconfiguración profunda del poder rural en Bolivia. Es el inicio del “capitalismo popular” prometido por Rodrigo Paz.  Mientras abre oportunidades para la capitalización individual, también introduce riesgos de fragmentación social, endeudamiento y reconcentración de tierras.

Para los sindicatos, significa perder centralidad y adaptarse a una lógica individualista. Para las ONGs, implica pasar a la primera línea de defensa legal y política. En ambos casos, el equilibrio entre libertad económica y protección social será el terreno donde se definirá el verdadero impacto de esta ley en los próximos años.